Así como hay inconsistencias y vaguedades en la recopilación de datos del informe de la Misión “Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela, también existe una evidente parcialidad en el uso de las fuentes. Ahora esta tribuna procede al desmontaje del afamado caso del prófugo de la justicia y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por ser uno de los casos bandera blanqueados por el informe.

Ledezma, desde tiempos cuartorrepublicanos, ha estado involucrado como ejecutor en acontecimientos reales de violación de derechos humanos, así como en los intentos -nada democráticos- de destitución del Gobierno Bolivariano.

En 2014, con el plan “La Salida”, acompaña públicamente a Leopoldo López y a María Corina Machado para instaurar conmoción política en el país y forzar el desplazamiento del chavismo. Aunque sus acciones conspirativas son evidentes, es el “Golpe Azul” u “Operación Jericó” lo que procedió a su detención en 2015.

La Misión “Independiente” localizó un video del arresto de Ledezma, que estaba disponible en Internet, para señalar sus conjeturas en el mencionado informe y presentarlo ante una organización como la ONU, ignorando con propósito un sinfín de detalles.

Vaguedad en la exposición del caso

Para no ahondar tanto en la larga lista de actividades conspirativas de este político, con sólo apuntar su participación en la Operación Jericó es suficiente. En el informe, la Misión expone un vago desarrollo de los hechos al caso de Ledezma, es decir, no explican a profundidad de qué se trataba esa operación.

Se recuerda que ese plan estaba programado para ejecutar ataques militares a diferentes instituciones gubernamentales en Caracas y derrocar al presidente Nicolás Maduro.

En ningún apartado del informe denuncian la ilegalidad en la participación en golpes de Estado, sólo muestran una tabla titulada “presuntas operaciones y personas detenidas” y toda descripción queda en un forzado y breve “supuesto”, adjuntando un video corto sobre los implicados. Los contextos son vitales para entender todos los casos que intenta blanquear la Misión “Independiente”.

Cabe destacar que tras su arresto domiciliario fue llevado a Ramo Verde en 2017 debido a la violación del régimen establecido en su beneficio. Con base a este hecho, el informe señala que Ledezma le explicó a la Misión que al ser arrestado “se había herido en el pie”.

Aunado a eso, sus vínculos golpistas son notorios y las pruebas están presentes, pero, según Ledezma, su detención fue arbitraria y por motivos políticos, y así fue clasificado en el informe… ¿acaso la Constitución ampara golpes de Estado?

Como el informe de la Misión no muestra las pruebas de la participación de Ledezma como uno de sus autores intelectuales en la Operación Jericó, es pertinente señalar también su complicidad junto con Lorent Saleh, acusado por el Ministerio Público de haber facilitado el ingreso ilegal de extranjeros para generar protestas violentas en el país.

Este dirigente juvenil es conocido en Venezuela desde hace una década por formar parte de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) -organización juvenil derechista financiada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés)-, que organizaba y dirigía acciones de calle en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Se le ha detenido varias veces en contextos violentos urbanos, incluso con material bélico encima.

En 2014 fue a Colombia (de donde fue expulsado poco después) porque había establecido un campamento paramilitar y pretendía comprar armamento de guerra para cometer asesinatos selectivos contra funcionarios venezolanos con ayuda del uribismo, admitido por él mismo.

Saleh había sido desenmascarado con múltiples pruebas audiovisuales y fotográficas sobre sus planes terroristas en el país: incluso una de esas evidencias es un video en el que asegura que el político que más había apoyado a “La Resistencia”, como se llamaba a los grupos de choque violentos de la oposición venezolana durante “La Salida”, era el mismo Ledezma.

En definitiva, ambos agentes de la desestabilización destituyente estaban sincronizados en los planes de golpe de Estado y violencia.

Las conclusiones de la “Misión independiente”

A pesar de la irregularidad de los datos con los que se basó el informe, la Misión de inmediato concluye que Ledezma “fue víctima de una detención arbitraria”, aun cuando las evidencias están sobre la palestra.

Además, si se hace referencia a la arbitrariedad, se debe agregar por obligación la fuga del ex alcalde a España, que, claro está, se señala en el informe sin embargo es mostrado como un rotundo logro por parte de Ledezma. Los redactores del informe celebran, de manera casi tajante, el hecho de que un prófugo de la justicia pudiera salirse con la suya.

Para los que tenemos memoria, Ledezma siempre fue abiertamente opositor y constantemente expresaba su postura en contra del gobierno venezolano, tanto en la administración de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro; su verbo en acción no causaba alarmas ni motivo de arresto para el Estado venezolano; sin embargo su involucramiento en gestiones desestabilizadoras, que buscaban un golpe blando al chavismo en el poder estatal, que escalaron a la violencia insurreccional y al quiebre del orden constitucional, el Ministerio Público debía hacer lo propio.

Se hace énfasis en esto porque el informe insinúa constantemente esa narrativa de convertir en víctimas a aquellos que poseen cargos públicos a pesar de las implicaciones en hechos sediciosos al margen de la ley. Es en el punto 251 en el que postulan que “al menos seis alcaldes de la oposición fueron detenidos entre abril de 2014 y diciembre de 2017”, ocultando que aquellos estaban involucrados directamente en la logística y el apoyo político de los llamados “guarimberos” y las fuerzas de choque de “La Salida”.

Es pertinente señalar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Resolución 1900, establece que una persona detenida es considerada “presa política” si la detención se ha impuesto por la violación en la libertad de pensamiento, conciencia y religión o, en resumen, si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito.

Si nos atenemos a dicha categorización, a Ledezma no cabe citarlo como “preso político” debido a los delitos de conspiración y asociación por los que fue imputado y juzgado en los planes de desestabilización y golpe de Estado, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela.

Tampoco este caso es motivo para asomarlo como razón de violación de los derechos humanos. Desde 2015, la Fiscalía venezolana solicitó otorgarle arresto domiciliario por temas de salud, y así se mantuvo hasta que violó lo establecido para este beneficio en 2017 con su fuga.

De esta manera el informe sesgado de la Misión “Independiente” de la ONU demuestra sus verdaderas intenciones.

La operación de “cambio de régimen” en Venezuela, dirigida por el entramado corporativo que gobierna fácticamente en Estados Unidos, fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto obligó a un cambio de estrategia por parte del Departamento de Estado que conformó el “Grupo de Lima” como eje de ataque contra el gobierno venezolano y la estabilidad de la población.

Mientras a lo interno las medidas coercitivas unilaterales (MCU) ralentizan el desarrollo de la vida económica, social y hasta moral de la población, desde fuera se orquesta un plan de injerencia externa que empezó con actos informales pero que ha enfocado su teatro de operaciones en las Naciones Unidas y, especialmente, en el Consejo de Derechos Humanos (CDH-ONU).

Este grupo de países satélites de Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea (UE), promovió la resolución 42/25 adoptada el 27 de septiembre de 2019 por la votación favorable del 40% de los miembros del CDH-ONU, 19 Estados que no reconocían a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí surgió la Misión de Verificación de Hechos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, un grupo de abogados que intenta darle un tono formal a la guerra informativa y legal que busca deslegitimar al gobierno nacional y facilitar el camino para el asalto final a las instituciones por la vía no democrática.

El informe “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Verificación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, basado en determinar “patrones de conducta”, fue respondido por Venezuela mediante el documento “La verdad de Venezuela contra la Infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio” en el que destacan algunas precisiones que se muestran a continuación.

1. Redes sociales y medios digitales como fuentes privilegiadas de información

El informe venezolano reporta fallas en el método de acopio de información utilizado por el equipo de abogados dependiente del Grupo de Lima que trabajó desde Panamá, evidenciando que se privilegió la información proveniente de las redes sociales y páginas de Internet.

Cabe destacar que la operación de “cambio de régimen” en Venezuela se apuntala en el dominio de los canales digitales de información que son financiados directa o indirectamente (vía Freedom House y otros) por la USAID.

Resalta el uso excesivo de notas de prensa como fuentes para ilustrar y reconstruir casos de investigación. Mucho más llamativa es la recurrente presencia de medios como ABC (España), Diario Las Américas (EEUU), Infobae (Argentina), El Nacional (Venezuela), EVTV Miami (EEUU), NTN24 (Colombia), La Patilla (Venezuela) y RunRun.es cuyo alineamiento con la mencionada operación es evidente.

En los 48 “casos de estudio” seleccionados por la Misión se contabilizaron 1 mil 63 referencias unívocas: un 50,05% de ellas fueron a redes sociales y medios digitales, un 19,38% a instituciones públicas y órganos de seguridad, un 11,10% de testimonios de testigos y familiares.

Se puede decir que el gobierno de Estados Unidos, que no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, financia y dirige las fuentes de información utilizadas por dicha Misión que actúa a nombre del organismo multilateral.

Buena parte de los medios digitales actúan de manera politizada junto a las ONG, que en la pasada década fueron estelares a la hora de recibir financiamiento.

En cuanto a las redes sociales, hace pocas semanas se ha revelado que CLS Strategies, una empresa con sede en Washington, ha pagado millones de dólares a la red social Facebook (que a su vez concentra WhatsApp e Instagram) para construir una vasta red dedicada a la desinformación contra Venezuela, Bolivia y México.

La misma empresa fundada por Mark Zuckerberg develó en un informe que CLS Strategies, de claras y públicas vinculaciones con la USAID y la OEA a través de sus fundadores y directivos, entre ellos Mark Feierstein y Roger Noriega, estaba detrás de 46 cuentas de esa red social emitiendo información falsa. A CLS Strategies se le atribuyen conexiones con organizaciones como Atlantic Council y Atlas Network, y con estrechos vínculos con empresas como ExxonMobil.

2. Cuerpos de seguridad y derechos humanos

Otros datos reveladores de “La verdad de Venezuela contra la infamia” son las actuaciones en materia de protección de derechos humanos encabezadas por el Ministerio Público (MP) de cara a la acción de los cuerpos de seguridad. Una de sus tareas es garantizar el cumplimiento de las acciones vinculadas a la protección de tales derechos mediante la coordinación y supervisión de las actuaciones desempeñadas por sus fiscales a través de la Dirección de Protección de Derechos Humanos.

Mediante las investigaciones realizadas en casos donde se presume la vulneración de los derechos humanos, entre agosto de 2017 y agosto de 2020 se dictaron 9 mil 214 actos conclusivos y se solicitaron 74 desestimaciones. Fueron imputados 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos.

Las policías estadales del país fueron los organismos con mayor número de funcionarios imputados con 146, mientras que en segundo lugar se sitúa el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 144 agentes imputados.

Cuatrocientos cincuenta y dos (452) funcionarios de distintos organismos y 24 particulares fueron aprehendidos por ser presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos. 117 pertenecen a policías estadales y 114 al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Novecientos cuarenta (940) funcionarios y 129 civiles han sido acusados, 237 de ellos son funcionarios de las policías estadales, a través de la presentación de 382 acusaciones interpuestas por los Fiscales especializados en la materia, asociadas a los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y/o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos.

También fueron condenados 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles, 36 del CPNB y 26 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Destacan las sentencias a 28 años de prisión dictadas en el estado Lara contra 3 funcionarios adscritos al CPNB por los delitos de trato cruel y violación; o las condenas a más de 22 años de prisión impuestas a 2 efectivos del Ejército Bolivariano, que admitieron su responsabilidad en el caso conocido como la “Masacre de Barlovento”.

Se han hecho 4 mil 489 investigaciones relacionadas con los distintos tipos penales por vulneración de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

3. Las políticas hacia los presos

Algunas ONG han encontrado un flanco de ataque en el estado de las cárceles y ello ha sido reflejado por la Misión “Independiente” haciendo alusión a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como un patrón de la institucionalidad venezolana.

A partir de las escaladas violentas organizadas por el antichavismo fueron detenidas varias personas vinculadas a la promoción de la violencia como ejercicio de la política, han sido llamados “presos políticos” por parte de la prensa globalizada y los partidos del antichavismo mientras es evidente su implicación en acciones armadas.

Como avance en el Proceso de Diálogo Nacional, 110 políticos y activistas del antichavismo presos fueron indultados por el presidente Nicolás Maduro “en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz”, esto incluyó a políticos que se encuentran fuera de Venezuela pero con procesos judiciales abiertos dentro del país y los diputados suplentes (sin inmunidad parlamentaria) Gilber Caro y Renzo Prieto.

La Misión de abogados nombrados por el Grupo de Lima, sin embargo, no logró reconocer los avances o necesidades en política penitenciaria que pudiera tener Venezuela. En ese sentido el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia” reporta que el MP realiza visitas e inspecciones a los internados judiciales, centros penitenciarios, centros de detención preventiva, centros de tratamiento comunitario y centros hospitalarios en los cuales se encuentre el privado de libertad.

Se destaca que “los fiscales con competencia en materia de Ejecución de la Sentencia velan por el respeto a los derechos humanos y constitucionales del privado de libertad sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, indistintamente de la situación jurídica que presente, ya sea penado o procesado”.

Existe a nivel nacional el “Plan de Agilización de causas al Privado de Libertad” que busca garantizar el debido proceso y brindar celeridad procesal en los asuntos jurisdiccionales que se siguen a la población de detenidos. En dicho plan confluyen varias instituciones de diversos poderes públicos como Tribunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública y el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios.

Se realizan jornadas de atención médica, odontológica y de vacunación en los distintos Centros de Detención Preventivos promoviendo el Derecho a la Salud, también se tramita la obtención de cédulas de identidad para evitar retardo procesal.

Entre agosto de 2017 y julio de 2020 el MP realizó 84 mil 16 actuaciones ante los órganos jurisdiccionales y seguimiento de medidas impuestas a través de sentencia firme, 39 mil 676 revisiones de expedientes en juzgados de control juicio, ejecución y corte de apelaciones, 29 mil 184 escritos consignados ante el órgano jurisdiccional, 8 mil 61 audiencias orales asistidas y 3 mil 808 celebradas, 1 mil 751 observaciones al cómputo, 631 solicitudes de revocatoria de suspensión condicional de la ejecución de la pena, entre otras diligencias.

Se realizaron 411 jornadas denominadas “Plan de Solidaridad Integral al Privado de Libertad” a nivel nacional para impulsar la realización de audiencias a los privados de libertad en 354 centros de detención preventiva, 28 mil 399 privados de libertad fueron atendidos. Es destacable que la cantidad de actividades y sus resultados específicos aumentaron entre 2018 y 2019.

Asimismo se desarrollaron “Jornadas de Asistencia Integral al Privado de Libertad” para garantizar y promover el derecho a la salud de la población privada de libertad. En 1 mil 728 jornadas se asistieron a 1 mil 515 centros de detención preventiva y una población de 88 mil 40 privados de libertad.

¿Datos o conjeturas?

La información oficial basada en datos, no en conjeturas, determina la socialización de los derechos que garantiza la Constitución Bolivariana y el marco legal construido en Venezuela los últimos 20 años.

Los aliados de Estados Unidos siguen escalando en sus acciones de guerra multiforme, esta vez en el sistema multilateral politizando los derechos humanos y poniendo sus medios, redes sociales, operadores políticos y narrativas globalizadas por delante de los logros de muchos venezolanos.

Venezuela sí tiene argumentos: un sistema de protección social fuerte en la defensa del acceso a niveles de vida alejados de la exclusión neoliberal. Es por algo que el centro de ataque del bloqueo impuesto por Estados Unidos radica en el bienestar colectivo.

Esta semana la orden era guarimbas, calle, calle y más calle sin retorno, Maduro vete ya. El domingo, bullían las cadenas de WhatsApp anunciando multitudes furibundas, tic, tac, tic, tac, cerrando cada calle, de cada pueblo, de cada municipio, de casa estado del país hasta que caiga el rrrrrégimen, que vea el mundo cómo sus esbirros nos matarán, porque nos matarán, y si no nos matan nos matamos nosotros mismos, nada nuevo… que lo vea la OEA, la ONU, ¡el mundo libre! SOS. Mañana es el día final, otra vez, a ver, chaburro, adónde te vas a meter, hora 0, ahora sí, porque ¡no es no!… San Miguel Arcángel y su espada vengadora…

Todo es cuestión de estrategia: como no hay gasolina, como las colas en las estaciones de servicio son larguísimas, como ahí hay un gentío pasando roncha, el ultra antichavismo, creyendo que la gente es idiota, creyendo que nadie notó que las sanciones las gestionaron ellos, y que celebraron cada medida que los gringos tomaron para asfixiar PDVSA, decidieron que el centro de las acciones violentas serían alrededor de las gasolineras, ahí, para capitalizar con el cansancio de la gente que hacía cola… Cerrar con piedras y ramas -a falta de gente- las vías por donde llegarían las gandolas cargadas del combustible que todos esperamos. ¡Genios!

Nadie se movió de su cola. ¿Quién iba a querer hacerlo? ¿Quién iba a exponer su vehículo a ser incendiado en una protesta incendiarias? ¿Quién iba arriesgar perder su turno para echar gasolina?

Un gordo con bermudas surfer caminaba, cámara en mano, por una avenida margariteña anunciando: “Señores, el pueblo está arrecho, señores, todos están en las calles, porque no hay gas, no hay luz, no hay gasolina, señores –en esos videos, igual que en los audios de WhatsApp, es importante, no sé por qué, decir “señores” al principio y al final de cada oración– jadeando de cansancio por su paso rápido, por el palo de sol que estaba haciendo, señores, el gordo surfer buscaba con su cámara una multitud que no había, señores. Palos, cauchos y piedras indignadas, señores, cerraban la avenida que fue despejada por las personas que esperaban en la cola para llenar sus tanques de gasolina.

Candelita que se prenda: el bloqueo aprieta y se va la luz, y el gas no llega porque el gas y la producción de petróleo, el blanco del bloqueo, van de la mano, porque todo en este país depende del petróleo, de su venta bloqueada para que te canses, para que te agobies, para que te rindas y aquí nadie se rinde… Unos focos en distintos pueblos del interior. Protestas contra el hambre cuyo objetivo no eran los supermercados, sino incendiar alcaldías bolivarianas, sedes del PSUV y hasta un galpón lleno de alimentos del CLAP –debe ser que querían cocinarlos antes de saquearlo–. Cabalgando sobre la angustia que ellos crearon, sicarios de Voluntad Popular coordinaban guarimbas por radio. Una serie repetida. Cuatro gatos de los millones de venezolanos que padecemos los efectos brutales del bloqueo, cuatro gatos quemando cauchos, para que hubiera humito, para que pareciera una cosa tremenda en una foto tomada de lejos.

Cuatro gatos, dos días, y ya. No cuajó.

En el mundo paralelo de las redes sociales el país estaba en llamas. Tuiteros citadinos aprendiéndose apurados los nombres de pueblos que no saben ubicar en el mapa de su propio país, para copiar y pegarlos, cursilísimos, en la estrofa del Himno Nacional que soban cada vez que alguien en alguna calle quema un caucho.

Así, el lunes y martes, en las redes, nos instaban a “seguir el ejemplo que Yaritagua dio” o el de Santa María de Ipire, o el de Upata, o el de… Y no se te ocurra tuitear que esas fotos sin gente, pero llenas de piedras y ramas trancando calles vacías no tienen pueblo, Carola, porque te acuso –¿adivina?– de no tener empatía, de ser una enchufada que vive en España nadando en euros, petros, yuanes y Nutella que te da el gobierno a cambio de que tuitees, Carola, para que nos arruines el show, Carola, pero no, Carola, porque si tuvieras empatía verías que hasta las piedras protestan contra Nicolás, o sea, retuit, retuit, te insulto, retuit…

Flor de dos días, porque no había pueblo con voluntad de servirle el país en bandeja a los delincuentes sifrinos que nos tienen pasando roncha. Los que llevan años produciendo y cazando escenas de sufrimiento popular para sacarle una foto que le llore al mundo #SOSVenezuela, que un señor está comiendo de basura, mientras Lorenzo está cómodamente en guerra. #SOSAlmagro que quemamos negros porque parecen chavistas y nos dan mucho miedo, o sea, que #SOSPompeo, que aprieten sanciones para ver si esta gente se rinde, aunque sea de hambre, que #SOSTrump, que de todas las opciones que están sobre la mesa queremos una invasión, con bombas, marines, muerte, muerte, muerte, porfaplis.

Candelita que no prendió porque este pueblo está sufriendo, sí, pero no es el pueblo bruto que los seres superiores, que planifican o tuitean desde su sofá, quieren que sea. Pasando roncha, sí, arrechos, también, claritos, ¡de bolas! porque sólo un idiota no sabe que lo que menos necesitamos ahora es que también nos incendien las calles, que vuelva la violencia y los muertos que siempre son los mismos: este pueblo que quieren manipular y que ni de vaina se deja.

Por eso las piedras y las ramas, donde no hubo sino puñitos de gente que no representan la voluntad de la mayoría, esa que resiste, esa que no salió a la calle porque lo que quiere es paz.

¡Nosotros venceremos!

Este artículo fue publicado originalmente en la web de Con el Mazo Dando el 30 de septiembre de 2020.

Las acciones del gobierno venezolano contra las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos están tomando forma cada vez más contundente, mientras continúa una campaña nacional de denuncia que demuestra los flagelos del bloqueo económico-financiero-comercial sobre la población venezolana.

En su discurso de presentación del esqueleto de la “Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos” ante la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro dio un discurso marcado por la caracterización de la historia reciente en Venezuela, empezando por las pretensiones de “cambio de régimen” a través de una “guerra invisible y multiforme”, como ha sido descrita de manera extensa y profunda en esta tribuna durante años y que también es conceptualizada en el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia”.

Entre las estrategias de esta guerra, el bloqueo económico-financiero-comercial, efectivo desde el año 2015 con el llamado Decreto Obama, es clave en su afán de crear un escenario social de estallido y otro económico de quiebre estatal. El Presidente venezolano lo describió así:

Asfixia, puede decirse, fue la primera fase. En cinco años, el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país, impidiendo que el Estado disponga de las divisas, del oxígeno que requiere para adquirir alimentos, medicinas, insumos, repuestos y materia prima esenciales para la actividad económica.

El cortocircuito económico, financiero y comercial inducido por el bloqueo nos impide obtener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores, para alimentarnos, para salvar vidas, para educar a nuestros niños y niñas, para sostener el sistema de protección social de la población.

A continuación, Maduro dio una cifras que impactan y que han sido replicadas por medios nacionales e internacionales.

Entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En seis años, perdimos 99% del volumen de ingresos en divisas.

Dicho de otra manera: De cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1.

Tomando en cuenta que Venezuela es un país que en los últimos 100 años ha basado sus ingresos en la venta de petróleo, los números deben poner en perspectiva toda la economía venezolano de los últimos seis años: las pérdidas alcanzan el 99% del volumen de ingresos en divisas.

Luego el Presidente identificó una segunda fase de la ofensiva estadounidense contra Venezuela: “el colapso, el bloqueo total a la economía”, que comienza con la persecución financiera contra PDVSA “que culmina en 2019 con el robo de CITGO” por parte de la Administración Trump con Juan Guaidó y todo su equipo de cómplices.

La persecución financiera para asfixiar económicamente, las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojar a Venezuela de sus activos, el embargo al comercio internacional del petróleo venezolano y el sabotaje interno para producir la caída de la producción son las tácticas estadounidenses contra PDVSA, la principal empresa estatal del país, para lograr el “cambio de régimen”, una estrategia no muy exitosa visto en perspectiva sino criminal.

Otro dato angular: “Entre 2014 y 2019, la producción petrolera de Venezuela cayó 66,5%. Para el año 2019 sólo generamos un tercio del petróleo que producíamos en 2014”, dijo el presidente Maduro.

Todo ello ha sido legitimado por la nomenclatura institucional y política de los Estados Unidos, ya que, como expresara el máximo mandatario nacional:

“Desde el año 2014 Estados Unidos ha promulgado una ley, siete decretos u órdenes ejecutivas, una firmada por Barack Obama en marzo de 2015, y seis por Donald Trump, además de 300 medidas administrativas que conforman -en conjunto- la política de sanciones, de bloqueo, de agresión multiforme contra Venezuela”.

La Ley Antibloqueo presentada se plantea crear una nueva estrategia desde el Estado venezolano con el fin de responder a la política del bloqueo. Ya no se trata sólo de la denuncia, que debe llevarse a cabo ante las máximas instituciones multilaterales, como la Corte Penal Internacional: también se hace primordial “defender el patrimonio de los venezolanos”.

¿Sólo una Ley Constitucional para enfrentar la agresión foránea?

En su discurso, Maduro indicó que todos los países bloqueados y asediados por “sanciones” de parte de Washington han trazado una ruta propia, jurídica y política, para sobrellevar los adversos escenarios económicos. Esta Ley Antibloqueo se propone seguir por la misma senda bajo los siguientes parámetros.

• La protección de los activos internos y externos “de la amenaza de confiscación, robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo, mediante una gestión eficiente de los mismos” es una prioridad debido a la ingente cantidad de recursos que ya de por sí han sido arrebatados al Estado y, por tanto, a la población venezolana.
• La realización de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela, con el objetivo de desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, producción industrial, producción agrícola y servicios, es un factor importante de la producción nacional en la Ley Antibloqueo.
• El diseño de los “mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos, atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional, flexibilizando, por ejemplo, la participación accionaria del Estado en empresas mixtas”, es una propuesta que colinda con la agenda económica del gobierno venezolano, en la que se ha planteado asimismo una profundización de las relaciones financieras con China y Rusia, dos poderes internacionales ascendentes.
• La gestión eficiente de los activos y los pasivos del Estado “a fin de aumentar los ingresos de la nación” se relaciona con los dos puntos anteriores.
• Con esta herramienta jurídica se propone “crear marcos de incentivos laborales y tributarios, y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas”, teniendo en cuenta la migración de trabajadores calificados a otros países, la llamada “fuga de cerebros”, por la pulverización de los salarios.
• La puesta en marcha de otros mecanismos financieros será reimpulsada con la potenciación del uso del Petro y otras criptomonedas en el comercio interno y externo.

Son estas las coordenadas generales de la Ley, que debería ser discutida y aprobada más pronto que tarde en la Asamblea Nacional Constituyente.

Importante para comprender el lineamiento jurídico de la Ley es entender que se trata de un reordenamiento de la gestión económica-financiera-comercial y de los aparatos productivos, con énfasis en la inversión productiva de los 16 motores de la agenda económica gubernamental y en el fortalecimiento del ingreso real de la clase trabajadora y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario.

Por otro lado, se plantea fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social del Estado y de sus prioridades (alimentación y salud), sobre todo por lo que genera la pandemia del Covid-19 y sus efectos colaterales. Así como mejorar la provisión de los servicios públicos, francamente deteriorados: agua, energía eléctrica, gas doméstico, transporte y telecomunicaciones.

Cabe acotar que los llamados 16 motores económicos contemplan la imposición de un “nuevo modelo productivo” de Venezuela, que algunos analistas podrían calificar como un plan para la transición a un país “post-rentista”, sustentado en “una economía real y productiva basada en el trabajo, la innovación, el conocimiento científico, la producción industrial y agrícola nacional y el desarrollo de todas nuestras potencialidades económicas”, al decir del presidente Maduro.

Si bien pareciera que la Ley Antibloqueo tiene muchos vacíos que no explican el cómo se va a avanzar en cada uno de los puntos, se debe tomar en cuenta que ya existen planes estatales que vienen a complementar lo descrito en el instrumento jurídico, como por ejemplo el relanzamiento de la Gran Misión AgroVenezuela y la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” directamente vinculada con la reorganización y reimpulso de PDVSA.

Todo lo que conlleva la Ley Antibloqueo debería ser suficiente razón para comprender su importancia, pues toca los fundamentos de la gestión gubernamental en el seno del Estado venezolano y perfila un nuevo modelo económico que no pueda ser objeto de destrucción ni extorsión a los poderes hegemónicos internacionales que impulsan un “cambio de régimen” en Venezuela.

Queda del Estado y de la misma población en lograr los objetivos de la Ley, que no es prerrogativa exclusiva del Gobierno Bolivariano, sino también de las mayorías que queremos ver, tocar y experimentar una Venezuela distinta, donde los crímenes estadounidenses de lesa humanidad cometidos cesen en pro de la vida, el presente y el futuro del país.

La aplicación de bloqueos, “sanciones”, congelación de activos y el impedimento de negociar en los mercados internacionales son algunas de las maniobras de presión empleadas por las administraciones de Estados Unidos para lograr objetivos políticos.

En este sentido, es bien sabido lo dependiente que es la industria petrolera, en general, pero particularmente en Venezuela, de las finanzas y el comercio internacional. Estados Unidos, aprovechando el uso del dólar de manera sistemática para controlar las finanzas mundiales, aplica la imposición de “sanciones” a diestra y siniestra contra nuestro país, afectando notablemente la producción y exportación de petróleo.

Con base a esto, se ha mantenido en la arena mediática, de la mano de voceros de oposición al gobierno venezolano, la cómoda narrativa de atribuir la disminución de la producción petrolera en Venezuela sólo a la gestión pública, ignorando las implicaciones reales de las sanciones unilaterales al sector.

En innumerables ocasiones, desde esta tribuna, se ha explicado tendidamente cada una de las consecuencias económicas de la referida coerción al Estado venezolano. Sin embargo, en este segmento, el enfoque se centra sobre una inquietud en torno a la promoción en la que nos han envuelto desde la década de 1970: forzar un récord extremo de producción petrolera.

Los distintos emisarios repiten frases como “la una vez orgullosa potencia petrolera” o “la producción retrocede a cifras de hace 100 años”, o como refieren el economista José Toro Hardy y el catedrático Francisco Monaldi en Twitter, al comparar las cifras actuales con las registradas en 1929 y 1934, respectivamente.

Ante tanto simplismo y falsos lamentos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, con su vigencia actual, es el que asoma distintas consideraciones en torno a la producción petrolera venezolana en particular y a la producción nacional en general.

Desarticulación de la agricultura: actividad crucial para la seguridad de la Nación

El petróleo, desde el siglo XX, ha sido el principal generador de ingresos en divisas extranjeras, así como ha absorbido una amplia proporción de inversiones foráneas en el país. Una economía basada en este recurso es sumamente vulnerable.

Pérez Alfonzo, en su obra Hundiéndonos en el excremento del diablo explica con detalle la dinámica de ingresos petroleros en el periodo de 1917 a 1935, pues es en 1917 que salieron los primeros embarques desde Zulia hacia el exterior, y en 1935 es cuando culmina la dictadura de Juan Vicente Gómez.

A continuación algunas claves al respecto:

• Las transnacionales extrajeron de los yacimientos venezolanos 1 mil 148 millones de barriles de crudo, que, con los bajísimos precios del momento, se recaudó 1 mil 199 millones de dólares. De ese total, Venezuela recibió únicamente 90 millones de dólares, es decir, sólo el 8%.
• Ese 8%, empezaba a mostrar indiscutiblemente la distorsión en las actividades económicas de Venezuela, y así, las dinámicas de la sociedad. Por ello, desde 1936, las actividades propias, como la agricultura, empezaban a desarticularse y a decaer. El abandono del campo llevó a extrema desigualdades.
• Desde 1928, Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo hasta 1970, ¿pero a cuenta de qué? ¿Un primer lugar que benefició a la mayorías y al aparato productivo en qué?

Pérez Alfonzo subraya que desde 1970 nos abrumaron con el récord de la producción, registrando un poco más de 3,7 millones de b/d, que, a su juicio, forzó los yacimientos y dificultó, aún más, la tan añorada “siembra petrolera”, afectando los intereses a largo alcance del país.

Para esa época, realmente, lo urgente era la cuestión de los precios, que sólo favorecían a las transnacionales; en palabras de Alberto Adriani, se concluía que la estructura industrial de Venezuela es, desde el punto de vista económico, una industria extranjera enclavada en nuestro territorio, y “el país no obtiene ventajas con las cuales podamos estar jubilosos”.

Por supuesto, Pérez Alfonzo nunca contempló un escenario de medidas coercitivas unilaterales y embargo por parte de Estados Unidos, ni una baja de producción a las magnitudes presentes producto de éstas, pero sí planteaba que la reducción significativa de la producción debía ser considerada como uno de los hechos más positivos para el progreso de Venezuela, porque obligaría al aparato estatal a implementar las bases firmes para un desarrollo económico independiente y a reactivar otras alternativas económicas.

Incluso, explica que elevó la propuesta de reducción de producción sosteniendo que era lo más conveniente para los intereses nacionales, y que de haberse implementado esa política en aquellos tiempos, en reemplazo de esa preferencia por asumir un récord extremo en producción, las alarmas por la codicia de absorber la renta no serían tan intensas como lo son hoy y las consecuencias económicas no serían tan letales.

Tomando las premisas de Pérez Alfonzo, no se pretende insinuar una vida sin petróleo, ni este insigne diplomático planteaba algo así. Además, que la disminución en la producción en Venezuela no es voluntaria: es consecuencia del asedio impuesto por Estados Unidos.

Sólo se intenta exponer la propuesta o rescate de sus ideas, que siguen vigentes hoy en medio de esta guerra multiforme, ya que buscaba que se hiciera posible fijar un techo al ingreso de divisas petroleras con el fin de desarrollar progresivamente otros sectores económicos, “reduciendo la perniciosa dependencia del petróleo”; en definitiva, una economía petrolera mucho más sana.

El escritor Eduardo Olier señala que la economía se convirtió en armamento de defensa y ataque; en ese escenario estamos inmersos.

El gobierno venezolano tiene precisada esta trama desde hace mucho. El reimpulso de la importante Gran Misión AgroVenezuela, la exportación de ganado bovino y la creación de la Ley Constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos, son algunas de las maniobras titánicas de contención a los efectos más despiadados de las “sanciones” sobre la población venezolana.

Así que esos falsos sollozos y alarmistas de los portavoces de la oposición sobre la producción petrolera, son simplemente una pose sin sustento.

Una de las primeras sanciones ilegales firmadas por el Departamento del Tesoro que inauguró el ciclo de violencia y acoso de 2017 fue la que apuntó a Tareck El Aissami, en ese momento vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela.

El gobierno estadounidense lo acusó de “colaborar con narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente”, incluyéndolo en la famosa “lista kingpin” como acto posterior a un expediente de criminalización forjado desde los medios.

A partir de ahí se ha desarrollado una persecución político-judicial a presuntos “colaboradores” que, tres años después, no ha llegado a la presentación de evidencias sólidas, pero sí ha servido para aumentar la injerencia destructiva contra las actividades financieras de Venezuela en el exterior y para promover las incursiones militares tercerizadas en su territorio.

Ahora, la noticia que vuelve a exponer la intencionalidad política detrás de la persecución yace en la revelación de Associated Press (AP) de este sábado 26 de septiembre.

Según el reportaje de la agencia estadounidense un “informante clave” de los fiscales estadounidenses que buscan enjuiciar a Tareck El Aissami por narcotráfico “falsificó, ocultó y encubrió” su testimonio ante agentes federales, además de robar aproximadamente 140 mil dólares en una tarea a la que fue encomendado.

De este modo, las propias acciones del gobierno estadounidense han vulnerado el caso contra El Aissami y el empresario Samark López en una corte federal de Manhattan, Nueva York, basado en una frágil acusación de “utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018”.

En palabras del periodista estadounidense de AP, Joshua Goodman, estas revelaciones le dan “oxígeno” a las (legítimas) denuncias realizadas por el gobierno venezolano “de que Estados Unidos está recurriendo a acusaciones inventadas para perseguir su objetivo de cambio de régimen”.

El caso de Alejandro Marín

En enero de 2018, el piloto Alejandro Marín fue captado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para servir de “fuente confidencial” en la trama judicial armada contra Tareck El Aissami.

Indica Goodman en la publicación de AP, que Alejandro Marín es un empresario venezolano radicado en Estados Unidos. Tiene un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto de Opa Locka, en Miami, Florida.

Marín se había comprometido con el HSI a “ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero”, cita en una nota la periodista Maibort Petit.

Pero este informante, en vez de obtener alguna evidencia que robusteciera las acusaciones contra el gobierno venezolano, cometió actos de corrupción y falsificó su testimonio, haciendo imposible que los fiscales a cargo del caso esquivaran la situación.

La cadena de eventos indica que, en junio de 2018, los agentes del HSI acordaron con el piloto venezolano el desvío de un avión privado que contenía un paquete de 1.3 millones de euros en efectivo, supuestamente producto de “actividades ilícitas”, que serían confiscados por el gobierno de EEUU.

El piloto tomó de aquel paquete el equivalente a 140 mil dólares del dinero que los organismos federales le habían encargado trasladar y se lo entregó a un “socio extranjero” que se lo pidió, una persona identificada como “individuo-1” que formaba parte de la investigación.

Unos meses más tarde el “individuo-1” devolvió la cifra a una cuenta de una empresa controlada por Marín y éste se quedó con el dinero y no lo notificó a las autoridades estadounidenses.

El 18 de agosto de 2020, oficiales del HSI lo interrogaron para saber si había recuperado el monto que faltaba de los 1.3 millones de euros confiscados y respondió que no. También negó a los agentes federales que el “individuo-1” le hubiera pedido permiso para tomar los 140 mil dólares. Dijo que no había extraído ese dinero del paquete para dárselo.

El 28 de agosto, Marín modificó su testimonio para afirmar que, tras consultar con su contador, “recordaba” haber recibido 130 mil dólares del “individuo-1”. Las autoridades federales ya lo habían confirmado antes por unos mensajes electrónicos de Marín y la revisión de sus cuentas bancarias.

Finalmente, Marín fue arrestado en Miami el 19 de septiembre de 2020. Enfrenta cargos ante la justicia estadounidense por haber dado falsos testimonios a los agentes de Seguridad Nacional sobre los “hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares”.

Su caso está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El antecedente iraní

A este caso de testigos fraudulentos le antecede otro de ocultación de pruebas en una acusación de corrupción a un empresario iraní, en el marco de la criminalización a las relaciones de cooperación entre la República Islámica de Irán y Venezuela.

Reseña una nota de AP que el mismo grupo de fiscales estadounidenses que conduce en la corte de Manhattan las acusaciones contra El Aissami, retuvo pruebas que beneficiaban la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad, empresario de nacionalidad iraní, en un juicio que lo acusaba de violar leyes estadounidenses por supuestamente haber realizado negocios fraudulentos que involucraban al Estado venezolano.

Sadr estaba esperando una sentencia que podía terminar en 125 años de prisión cuando, en junio de este año, el fiscal Geoffrey Berman desestimó los cargos (lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para defraudar a los EEUU) alegando “problemas relacionados con la divulgación” que habrían “alterado la defensa de Sadr” por lo que “no sería de interés para la justicia seguir enjuiciando este caso”.

La jueza Alison Nathan, siguiendo las pruebas aportadas por la fiscalía, ya había emitido un veredicto en marzo, declarando culpable al empresario iraní “de utilizar una red de empresas fachada para canalizar a través de bancos estadounidenses más de 115 millones de dólares en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela”, esquivando las sanciones del gobierno de EEUU.

El cambio brusco de los acontecimientos mereció una reprimenda de la jueza al fiscal Berman. Le exigió que presentara cualquier prueba potencialmente retenida. Además, Nathan acotó que el caso planteaba “serias preocupaciones sobre la conducta del gobierno (estadounidense)”.

Mentiras desgastadas

La insistencia en fabricar pruebas que señalen al alto gobierno de Venezuela como una empresa criminal ha derivado en pasos torpes por parte de Washington que en última instancia socavan su legitimidad como acusador.

La más absurda de ellas, la de vincular a funcionarios venezolanos con el narcotráfico, a sabiendas de que las mafias que producen la droga en la región están concentradas en Colombia y los grupos que controlan el negocio están en las instituciones estadounidenses, es una de las “pruebas” que más repite la administración Trump en su arremetida contra Venezuela.

Ha sido cuestión de muy poco tiempo y de errores en la gestión de las mentiras para que progresivamente aparezcan elementos que confirmen la estrategia detrás de esas movidas políticas: criminalizar al Estado venezolano para justificar las medidas coercitivas unilaterales, los mecanismos de acoso diplomático y la sostenida actitud beligerante del gobierno estadounidense.

El giro del fraude de Marín no sólo ha derribado el castillo de naipes judicial del caso forzado en torno a la figura de Tareck El Aissami, sino que, en general, ha desvelado cómo Washington emplea acusaciones falsas como un modelo para emprender una persecución agresiva contra altas autoridades del Estado venezolano.

La simultaneidad de varios eventos con Venezuela en el epicentro, ilustran el nivel de relevancia del país petrolero en el planteamiento estratégico estadounidense en varios frentes.

Hace poco ocurrió la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, por varios países de la región, tres de ellos fronterizos con Venezuela.

Su paso por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia tuvo a Venezuela en el centro de mesa, mediante arengas del funcionario en materia de seguridad y la crisis interna. Sus frases apuntando al desmantelamiento del chavismo en el poder no se hicieron esperar.

Seguidamente a la gira, Pompeo hizo el anuncio de un nuevo paquete de casi 348 millones de dólares de “ayuda humanitaria” que en teoría tendría como destino al gentilicio venezolano.

Por otro lado, Mike Pence, el segundo hombre del Ejecutivo estadounidense, sostuvo recientemente una conversación telefónica con su figura clave en la desestabilización a Venezuela, el diputado Juan Guaidó.

“Excelente llamada telefónica hoy con el presidente de Venezuela Juan Guaidó”, escribió Pence.

“Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos apoya al presidente @jguaido y al pueblo venezolano amante de la libertad. ¡Estados Unidos seguirá apoyándolos hasta que se restaure su #libertad!”, señala textual el espaldarazo a través de Twitter.

En otro ámbito, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió sanciones contra varios políticos opositores venezolanos a los que acusa de haber “facilitado los esfuerzos” para “manipular” las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.

En un comunicado, el despacho de Steve Mnuchin explicó que los sancionados son “figuras clave” en el plan para “poner el control de partidos de oposición en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier desafío creíble de la oposición a dicho régimen”.

Los sancionados fueron Miguel Antonio José Ponente (PJ), Guillermo Antonio Luces (VP), José Bernabé Gutiérrez (AD) y Chaim Jose Bucaran (UNT). Básicamente, las medidas de presión contra estos antichavistas recaen por extensión a la posibilidad de que estos sectores puedan sumarse tardíamente, pero sumarse a fin de cuentas, a las venideras elecciones.

El hecho es que varios dirigentes de los partidos pertenecientes al G4 (VP, AD, PJ y UNT), se han postulado a cargos mediante tarjetas de otros pequeños partidos, una vez que no han contado con el apoyo formal de sus organizaciones de origen al estar plegados, en medio de claras presiones, a un boicot electoral.

También tuvo lugar hace días la publicación y alta difusión del informe de “verificación de hechos” que varios países del Grupo de Lima levantaron dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vale decirlo, de manera no presencial en Venezuela y en paralelo a los informes que ha levantado en Venezuela la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del principal ente multilateral.

Este informe, plagado de falsedades, fue un insumo de nuevas presiones que vinieron desde la Organización de Estados Americanos (OEA), países del Grupo de Lima y los miembros del Grupo de Contacto de la Unión Europea (UE) con Caracas, quienes recrudecieron su retórica contra las instituciones venezolanas y las elecciones parlamentarias por venir.

En simultáneo, Juan Guaidó emitió un video paralelo a la Asamblea General de la ONU, en el que, desde su figura “presidencial” paralela, llamó de manera matizada pero abierta a una intervención de fuerzas extranjeras en el país.

Aunque la solicitud de Guaidó no podría proceder ante la ONU y ante su Consejo de Seguridad por no ser reconocido como presidente ante estas instancias, su llamado consiste en un requisito indispensable para legitimar nuevas arremetidas contra Venezuela, lo cual implica que esta acción yace en la orquestación de los estadounidenses, quienes claramente controlan al diputado venezolano.

Los factores en juego

A la luz de estos eventos, que no deben entenderse de manera aislada, EEUU mantiene una clara presión contra Venezuela y esta se explica por el vínculo de los eventos en la nación caribeña con el resultado electoral en el estado de Florida, un estado clave para la reelección de Trump en noviembre.

Florida es un estado llamado “péndulo” por ir de un candidato demócrata a un republicano de una elección a la otra. Pero es clave por su importante número de colegios electorales, unos 27 en total.

Trump ganó en Florida en 2016 con 45,3%, aventajando a Clinton por 1,2%. Este año pretende afianzar su ventaja en este estado, sosteniendo su liderazgo en el ala dura de demócratas y republicanos que integran las diásporas cubanas y venezolanas.

El 66% de los venezolanoamericanos de Florida votaría por la reelección de Trump frente al 34% que sufragaría por el candidato demócrata Joe Biden, según una encuesta divulgada este viernes. Los resultados del sondeo de opinión realizado por Public Opinion Research Lab de la University of North Florida (UNF).

La relevancia del voto venezolano, aunado al voto cubano, yace en que podrían colocar la balanza a favor de Trump y ampliar sus posibilidades en ese estado.

La conquista de este segmento del voto latino en EEUU es vital para Trump para avanzar en el respaldo general de la comunidad latina, o al menos en una parte de ella. Esto entendiendo que, justo ahora, Trump tiene a cuestas a políticos demócratas y varias ONG que han hecho estallar un escándalo que apunta a las cárceles federales para migrantes en EEUU, en las que se estarían aplicando esterilizaciones de manera involuntaria a las mujeres retenidas.

Este tema es el principal referido a la comunidad latina y que se incorpora a la recta final de la campaña.

En medio de su campaña política Trump se detuvo este 15 de septiembre para dirigirse a los latinos en Florida, afirmando que en Venezuela “pasarán cosas interesantes”. La nación caribeña estuvo en un lugar privilegiado de ese discurso, donde llegó a comparar a un hipotético EEUU “socialista” en manos de Biden con la Venezuela gobernada por el chavismo.

Para muchos, no es descabellado asumir que los estadounidenses aprieten el gatillo contra Venezuela, buscando la llamada “sorpresa de octubre”, que son las típicas conmociones fabricadas en EEUU para inclinar las balanzas electorales.

Los venezolanos en EEUU siguen de cerca lo que ocurre en Venezuela y los aflojamientos o incrementos de las presiones estadounidenses contra el gobierno venezolano. Si estos consideran que EEUU ha claudicado contra Caracas, podrían retirar el apoyo a Trump.

Estas percepciones yacen en el tema electoral en Venezuela.

De su desarrollo y desenlace depende en gran medida el ciclo de encrucijadas y presiones sobre los destinos venezolanos, pero también el propio destino de Trump, pues su afianzamiento en Florida yace en gran medida por lo diligente que ha sido en sus acciones destempladas contra el chavismo y el pueblo venezolano bajo bloqueo.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro apunta a la realización de unas elecciones observadas y acompañadas, que puedan ser respaldadas internacionalmente.

Mientras que por la oposición, Juan Guaidó lidera el boicot electoral apoyado por EEUU.

La agenda estadounidense supone la “invalidación” de las elecciones venezolanas y la continuidad del inexistente mandato de Guaidó. En esta convergencia, yace la continuidad o no del bloqueo económico y otras operaciones de asfixia severa que hoy se ejecutan contra Venezuela.

Sin embargo, también hay nuevos movimientos y nuevas posibilidades, también de la mano de otros actores. Medios españoles han dicho que el diplomático Josep Borrell a nombre de la UE habría enviado una misión a Caracas para, nuevamente, concertar posibilidades que deriven en una observación europea de las próximas elecciones.

En ese escenario, la UE estaría proponiendo nuevas condiciones y garantías electorales, e incluso una modificación de los lapsos electorales. Sin embargo para Caracas, la única fecha electoral prevista es el 6 de diciembre y son insondables las posibilidades de que eso varíe, menos aún, con los traspiés que han sido evidentes en todos los tramos de la interlocución y luego de las posiciones ambiguas de los europeos.

Esto implica que las presiones estadounidenses no van sólo contra Caracas, pues también apuntan a Bruselas.

Hace poco la UE señaló que no observaría las elecciones, declarándose incompetentes para organizar una misión por “falta de tiempo”, aun cuando faltan tres meses para las parlamentarias.

Luego del informe paralelo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y mediante la posición del Grupo de Contacto, los europeos habrían afianzado su posición de no participar.

Sin embargo, esto podría cambiar.

Este jueves 24 de septiembre desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro realizó ante la opinión pública nacional e internacional la presentación oficial del informe “La verdad de Venezuela contra la infamia: Datos y testimonios de un país bajo asedio”.

El informe fue recibido por Maduro de manos del fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un acto institucional que reunió a las principales autoridades ejecutivas y de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela.

El documento fue suscrito por Tarek William Saab; el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.

“La verdad de Venezuela” es un contundente informe de respuesta al presentado por la Misión “Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela en días recientes, orientado políticamente hacia la criminalización del Estado venezolano pero también al encubrimiento de los sistemáticos ataques armados, económicos y políticos que ha sufrido el país a manos de dirigentes opositores vinculados a la agenda de “cambio de régimen” de Washington.

Durante la presentación, el presidente Nicolás Maduro destacó que el informe muestra las violaciones a los derechos humanos que se han derivado de las situaciones de violencia promovidas por actores y factores de la oposición.

Asimismo, aseveró que en Venezuela existe un sólido sistema de garantías de los derechos humanos, y ofreció nuevamente su cooperación como jefe de Estado para profundizar y afianzar dicho sistema.

Maduro ha pedido que “La Verdad de Venezuela” tenga la mayor difusión posible en aras de evitar que el sesgado y parcializado informe de la Misión “Independiente” se imponga como una versión monopólica de la realidad venezolana.

A continuación, puede descargar el informe en formato PDF clickeando aquí.

El miércoles 24 de septiembre se cumplían 11 días de audiencias en el Reino Unido sobre el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks.

Se está deliberando si se concederá la orden de extradición del australiano solicitado por Estados Unidos. En ese país tendría que enfrentar 175 años de prisión o un escenario peor, el de la pena de muerte, por un abultado expediente de 18 cargos criminales que el gobierno de EEUU bajo la Administración Trump ha fabricado sobre la base de que su trabajo de investigación es equivalente a espionaje.

En realidad, a Assange se le quiere cobrar el daño provocado al establecimiento estadounidense por desvelar planes secretos en materia de inteligencia, seguridad y guerra, sumado a la exposición de pruebas contundentes de torturas y crímenes de guerra gubernamentales.

Los tribunales retomaron el caso el 7 de septiembre. Antes, en febrero de este año, se vieron obligados a pausar la audiencia completa por las circunstancias de la pandemia de Covid-19. El 10 de septiembre fue brevemente aplazada debido al contagio de coronavirus que hubo en uno de los abogados.

Las audiencias se han realizado en estrictas reservas. Nada más diez periodistas han estado presentes, para obstaculizar el acceso de los medios al estado de salud de Julian Assange, quien no ha sido visto de nuevo en público desde que fue arrestado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, lo visitó en mayo de 2019 y describió signos de “tortura psicológica” en él. Activistas de DDHH denuncian que durante el tiempo que ha estado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh ha sido sometido a distintos tipos de tortura.

Está recluido en una celda en solitario. No puede realizar ejercicios ni recibir luz solar. No tiene acceso a los documentos legales de su juicio ni permiso para comunicarse con sus abogados. El riesgo a contraer coronavirus tampoco fue motivo para cambiar las condiciones de su confinamiento.

En las audiencias se le ve aislado en una jaula de vidrio. En febrero le reclamó a la jueza las dificultades que le son impuestas en su proceso: “Participo tanto en estos procedimientos como lo hago en Wimbledon (…) No puedo comunicarme con mis abogados ni pedirles aclaraciones”.

Algunos portales de información han realizado registros diarios del desarrollo de la audiencia de Assange. De la intervención de los testigos se reafirma la motivación política del gobierno estadounidense en la extradición. Los argumentos (en orden cronológico) son sólidos en señalar que:

• En el oficio del periodismo no existen precedentes de que alguien haya sido juzgado por publicar información clasificada.
• Assange fue riguroso en revisar la redacción de los documentos filtrados para proteger la identidad de las fuentes. Pidió además que los que trabajaban en ellas utilizaran “comunicaciones seguras, teléfonos y aplicaciones encriptadas”.
• No hay evidencias significativas de que se haya puesto en riesgo la vida de iraquíes o estadounidenses por la divulgación de los datos relacionados a la guerra en Irak.
• Los 18 cargos que fueron elaborados contra él pudieron englobarse en una única acusación, por estar todos enmarcados en la Ley de Espionaje. La idea de presentarlos por separado responde a maximizar el tiempo de condena.
• La politización del caso fue reafirmada con la revelación de la oferta de indulto que hizo la administración Trump en 2017 a cambio de que Assange revelara la fuente que hackeó los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata en 2016.
• Tres de los 18 cargos lo acusan de revelar informaciones sobre el Departamento de Estado. Sin embargo, los datos ya habían sido divulgados en otros medios y estos no habían sido enjuiciados por ello.
• Por sus precarias condiciones de salud mental, producto de las torturas psicológicas a las que se ha visto expuesto, Assange corre un alto riesgo de suicidio si es extraditado a Estados Unidos.

El silencio mediático

Julian Assange fue sacado de la embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019 y arrestado el mismo día, como parte de una negociación entre Lenin Moreno y el gobierno de Estados Unidos para que el presidente ecuatoriano recibiera un financiamiento del FMI.

Antes, Assange había estado asilado en el edificio diplomático por siete años, después que la justicia británica emitiera una extradición a Suecia por una acusación de supuesto acoso sexual. La amenaza de que bajo esta jugada judicial, Assange hubiese sido entregado a Estados Unidos, donde lo menos que tendría sería un juicio justo, hizo que él pidiera el asilo político. El país escandinavo terminó retirando la petición al Reino Unido.

Los documentos más importantes de Wikileaks, filtrados a partir de 2010, constituyen un quiebre al hermetismo con que han funcionado los estados y corporaciones que gravitan alrededor del poder hegemónico estadounidense.

Gracias a la liberación de cientos de miles de cables del Pentágono, del Departamento de Estado y de la diplomacia estadounidense el mundo pudo saber con precisión los detalles de las invasiones militares en Afganistán e Irak, por ejemplo, o las pretensiones detrás de la intervención de la OTAN en Libia.

Wikileaks llegó a acuerdos con medios de la talla de The New York Times, Washington Post y The Guardian para procesar la cuantiosa información clasificada que tenía en su poder, así como para que tuviese una máxima difusión. Los medios occidentales hicieron su parte para impulsar las ventas con la exclusiva. Además no podían evadir la revelación más importante sobre el funcionamiento del capitalismo globalizado, aunque eso significaba que los magnates contribuyentes de sus corporaciones recibieran golpes.

El silencio de ellos con el desarrollo de los eventos que rodean a Assange es esclarecedor. Resulta que su destino va a sentar un precedente en la historia sobre el derecho a difundir información. Como compromete a las élites que operan en el estado profundo, ninguno de los medios más influyentes, conservadores o liberales, están divulgando el caso, o lo hacen solo para ridiculizar y atacar a Assange.

La “libertad de prensa” que dicen defender deja de ser conveniente si ataca al orden establecido al que ellos tributan.

¿Sobre qué personajes depende la decisión de extradición de Assange?

“Lady” Emma Arbuthnot, magistrado jefe y juez de distrito principal de Inglaterra y Gales, es la juez que conduce el caso de Assange desde 2017. Fue la encargada de dictaminar, en junio de 2019, la audiencia de febrero de este año para evaluar la solicitud de extradición hecha por el gobierno de EEUU.

La jueza de distrito Vanessa Baraitser fue designada por Arbuthnot para llevar las audiencias de Assange en el tribunal de Old Bailey. Sin embargo, en la jerarquía de los tribunales británicos el magistrado principal tiene la responsabilidad de orientar a los jueces de distritos, por lo que Arbuthnot sigue siendo quien legalmente supervisa el proceso de Assange.

Esta aclaratoria es necesaria para describir las relaciones de la magistrada principal con factores del complejo militar-industrial británico, enemigos de las acciones de Wikileaks, y cómo la actuación de ella amenaza con perjudicar el desempeño objetivo del caso judicial, aun cuando debía declarar ante los tribunales cualquier posible conflicto de intereses.

Arbuthnot es esposa de un “conocido ‘halcón’ conservador, exministro de Adquisiciones de Defensa, vinculado al Complejo Militar-Industrial y a los Servicios Secretos”, Lord (James) Arbuthnot de Edrom, al que debe su título de “Dama”, dice el politólogo Malio Dinucci. James está en el consejo asesor de la empresa militar Thales Group y hasta principios de 2020 fue asesor empresa de armas Babcock International. Las dos corporaciones mantienen negocios con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

“Lord Arbuthnot también forma parte de la Sociedad Henry Jackson (o HJS, por sus siglas en inglés), un influyente grupo de expertos transatlánticos vinculado al Gobierno de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia”, continúa Dinucci. Con ese grupo fue a reunirse el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en julio de este año. Declaró que desde que era director de la CIA, en 2017, acusó a Wikileaks de ser “un servicio de espionaje enemigo”.

La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, recientemente dejó de formar parte de la junta política de la HJS. Patel tiene responsabilidades institucionales en la orden de extradición de Assange

En la rama de ciberseguridad (un eufemismo para hablar de guerra cibernética y vigilancia), Lord Arbuthnot también preside el Consejo Asesor de Aseguramiento de la Información. Este organismo tiene una lista de patrocinantes de los que destacan las empresas de armas estadounidenses Raytheon y Northrop Grumman.

Dice la periodista de investigación Lucy Komisar que: “cuando (Lady Arbuthnot) ocupó su anterior puesto como jueza de distrito en Westminster, se benefició personalmente de la financiación junto con su esposo de dos fuentes que fueron expuestas por WikiLeaks en sus publicaciones de documentos”.

Se refiere a dos casos investigados por los periodistas Mark Curtis y Matt Kennard en el diario sudafricano Daily Maverick.

En el registro de intereses del Parlamento inglés se encuentran inscritos pagos que recibieron Lady y Lord Arbuthnot del establecimiento militar. El primero fue la entrega de unas entradas para asistir en octubre de 2014 al exclusivo Festival de Flores de Chelsea, pagadas por Bechtel Management Company Ltd, filial de la mayor compañía militar en Estados Unidos, Bechtel.

En noviembre de ese año el Foro Tatlidil turco-británico cubrió los gastos de una visita de los Arbuthnot a Estambúl. Dice James en su declaración ante el registro de intereses que el viaje fue realizado “para promover las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Turquía en un alto nivel nivel”.

“Como sujetos de filtraciones no deseadas, tanto Bechtel como Tatlidil tienen motivos para oponerse al trabajo de Assange y WikiLeaks”, refiere la nota en el Daily Mavereick.

Dos organizaciones expuestas por Wikileaks que le brindaron beneficios financieros a la magistrada que conduce la condena contra Assange en el Reino Unido. Magistrada claramente vinculada a los grupos corporativos militares que presionan por el castigo del acusado. ¿Es necesaria otra evidencia de colaboración entre británicos y estadounidenses para zanjar lo de Assange? Nada más que añadir.

O tal vez sí. Vale la pena revisar otra investigación de Komisar, que tampoco ha sido de mayor difusión y que apunta a conflictos de intereses entre algunos de los abogados que forman parte de la defensa de Assange.

El texto ofrece detalles de cómo funciona el sistema legal británico, que permite que los abogados puedan tomar parte en ambos lados de algunos casos judiciales. En el tema de la extradición de Assange, los bufetes Mishcon de Reya, Matrix Chambers y Doughty Street Chambers, involucrados en su defensa, también han representado a los intereses del gobierno de Estados Unidos en el caso de William Browder, un inversionista estadounidense culpable de realizar acciones financieras ilícitas en Rusia y que debe sumas millonarias en evasiones fiscales al gobierno ruso.

Complementando el desmontaje de esta tribuna al informe de la “Misión Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela, en esta oportunidad realizamos una revisión crítica de las fuentes empleadas por el informe.

Por supuesto, las inconsistencias de este informe se basan, en parte, en la ostensible parcialidad y en la vaguedad de las fuentes. Y es que, sin ningún tipo de objetividad en la recopilación de los datos, ni una investigación in situ que patente lo escrito, el objetivo del informe es meramente político de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela.

Incluso, en el preámbulo del informe la Misión indica que tuvieron dificultades en la investigación, “lamentando profundamente” no realizar la investigación en Venezuela.

Siendo así, es necesario preguntarse por el origen de la información presentada como válida. Teniendo en cuenta los niveles institucionales en los que se gestionó el informe, éste debió realizarse con suma pericia, pero no fue el caso.

La politización del informe y de su presentación ha servido de catalizador para que los diferentes actores políticos internacionales justifiquen y se cubran las espaldas al asumir posturas de rechazo ante las referidas elecciones, ya que las amenazas de la administración actual de Estados Unidos orbitan sin descanso.

Las principales fuentes son ONG

Si bien la Misión especifica en el punto 10 que utilizó información de dominio público para llevar a cabo la investigación, incluyendo las redes sociales, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las fuentes fundamentalmente utilizadas.

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), que en sus inicios se dedicaba a labores de denuncia de la masacre, aparece como fuente principal en los alegatos del informe para, supuestamente, corroborar ciertos casos.

Es conocido que COFAVIC es una de las ONG venezolanas que ha recibido financiamiento de la alemana Fundación Konrad Adenauer y de la USAID, y que, entre sus actividades, está la de gestionar el financiamiento a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que respondan, de alguna manera, al Departamento de Estado estadounidense.

Aunado a esto, se agrega su alianza con Human Rights Watch (HRW) que data desde años atrás, en la que COFAVIC suministra reportes asociados a esa materia.

En ese abanico de incongruencias, emerge el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), otra ONG plegada a sectores opositores y que, en 2018, recibió financiamiento de la Unión Europea para el reforzamiento de organizaciones en el campo de derechos humanos.

Ambas, en general, se centraron en proporcionar información conveniente para sus intereses en materia de derechos humanos, ignorando o apartando por completo casos como el de Orlando Figuera, joven asesinado en 2017 en las protestas violentas en contra del gobierno venezolano.

Otras de las ONG — que sirven de fachada en el financiamiento por parte de entes externos para desestabilizar el país — también participaron en esta recopilación de acusaciones sin respaldo, a saber:

• El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), prestó a la Misión su documentación de protestas, clasificadas como “políticas”, ignorando en absoluto toda la incitación a la violencia y daños al patrimonio nacional generados por las guarimbas.
• La Misión también tomó datos sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) de la página web de la Asociación Civil Control Ciudadano, dirigida por Rocío San Miguel, de quienes son bien conocidos sus vínculos con el Departamento de Estado de EEUU. A partir de los datos de Control Ciudadano se documentan las supuestas “violaciones a los derechos humanos”, preservando en algunos casos el anonimato. Llama la atención esta simpleza en la metodología online.
• También aparece la ONG Espacio Público, dirigida por Carlos Correa, conocido por su participación en actividades de “ayuda humanitaria”, y que ahora es investigado por malversación de fondos en esa maniobra. No se hacen comentarios en el informe sobre las irregularidades en esta materia, siendo el diputado José Brito el que lleva la investigación con documentos que demuestran que Espacio Público recibió dinero de la USAID destinado a “fines humanitarios” y que documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos en el año 2015, muestran que esta ONG es financiada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), que recibe fondos de la USAID y Freedom House.

Además, en cada caso descrito no desarrollan los hechos antidemocráticos en los que estaban envueltos tanto Leopoldo López como Freddy Guevara — por nombrar dos personajes del largo listado de golpistas —. Únicamente hacen referencia a las detenciones de políticos, es decir, fabrican una cobertura de victimización que los ubicaría por encima de las leyes venezolanas.

Y, no menos importante, en lo referido a los indultos presidenciales ninguna fuente proporciona los videos de los detenidos, muy probatorios, de que efectivamente no se llevó a cabo ningún tipo de tortura.

Cristopher Figuera: otra “fuente” clave del informe

El presidente venezolano Nicolás Maduro expresó que, luego del intento de levantamiento militar en 2019, el ex Director del SEBIN, Cristopher Figuera, había sido captado por la CIA y trabajaba como topo en los cargos asignados.

No podía faltar en este informe. Figuera fue uno de los entrevistados de la Misión. Sin pruebas, cada señalización fue hecha al borde de repetidas acusaciones, centradas en las torturas y malos tratos por parte del SEBIN. Para la Misión cada palabra fue “coherente y plausible”, pero, ¿y las pruebas?

Son numerosas las entrevistas hechas a Figuera: desde su escape a Estados Unidos, nada ha cambiado. De hecho, alega en cada entrevista que él tenía conocimiento de las supuestas torturas y que era el presidente Maduro el que instruía esos procedimiento, otorgándole una credibilidad absoluta a las opiniones de Figuera.

Una vez más, Estados Unidos y sus aliados activan otra acometida en esta guerra multiforme que está enfrentando Venezuela, esta vez, moviendo sus fichas en el sistema multilateral para continuar con las presiones en este crucial último trimestre del año.

En el libro Overthrow de Stephen Kinzer, se hace una recopilación interesante de la metodología de derrocamiento por parte de la CIA.

En principio, el autor percibe una serie de patrones similares al momento de presionar para quebrar políticamente a los gobiernos legítimos que son atacados.

Uno de los patrones fundamentales implica justificar la intervención con base a principios morales y urgentes sobre la base de premisas o informaciones falsas. Y poco importa quién proporcione la información o su veracidad, ya que existen mecanismos para imponer la verosimilitud de tales argumentos.

Con base a esto, Kinzer señala que el argumento más potente es: “Lo hicimos para liberar a las personas oprimidas”, asegurando que se ignora bastante la situación del país a enfrentar, pero que ese no es el punto que importa.

No muy lejos, para este caso la excusa que aplicaría es: “Lo hacemos por los derechos humanos”.