Durante la Guerra Fría, Ucrania estuvo bajo el dominio de la Unión Soviética hasta 1991, cuando se produjo la caída de los gobiernos comunistas en Europa del Este y Asia Central. En ese año, el 24 de agosto, el parlamento ucraniano aprobó la independencia y el 1 de diciembre la población ratificó la medida en un referéndum. Una semana más tarde, el 8 de diciembre, el país fue reconocido por la Federación de Rusia tras la firma del Tratado de Belavezha junto a Bielorrusia, lo que puso fin formal a la URSS. Así, el Estado ucraniano obtuvo autonomía política y plena soberanía.

Sin embargo, Moscú siguió ejerciendo presión en su antiguo espacio soviético debido a que estas naciones han tendido a mirar hacia Europa Occidental durante las últimas décadas con la intención de adherirse a la Unión Europea (UE) y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Desde que asumió la presidencia en el año 2000, Vladímir Putin ha denunciado la expansión de estas instituciones hacia el este y la instalación de infraestructura militar cerca de sus fronteras.

Ucrania ha tenido estos mismos deseos de incorporarse, y en consecuencia, el gobierno ruso ha recurrido a la influencia electoral, a la presión económica y, en última instancia, a la fuerza militar para frenar esta transición y salvaguardar sus intereses estratégicos.

Las urnas como campo de batalla:

Un factor clave para entender la sociedad y política ucraniana es la profunda división sociolingüística: mientras en el oeste predomina el idioma ucraniano, en el este del país prevalece el ruso. Esto se ejemplifica con datos del censo de 2001, donde la etnia rusa representa aproximadamente el 17% de la población, aunque el idioma ruso es utilizado por al menos tres cuartas partes de los habitantes.

Esta dualidad se refleja en la política interna, donde los partidos políticos suelen alinearse en dos bloques: los prooccidentales, que priorizan los lazos con la UE, el G7 y la OTAN; y los prorrusos, que prefieren fortalecer vínculos con Rusia y sus propias instituciones, como la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Unión Económica Euroasiática (UEE).

Las elecciones presidenciales de 2004 ganaron protagonismo al ponerse en juego estas cuestiones. El primer ministro, Víktor Yanukóvich, del Partido de las Regiones, fue apoyado por Putin. Mientras que el candidato opositor prooccidental, Víktor Yúshchenko, representaba a la coalición Nuestra Ucrania. Este último, previo a la primera vuelta de octubre, fue envenenado con dioxina, lo que desfiguró su rostro y casi le cuesta la vida. La comunidad internacional puso sus ojos en Rusia como principal sospechoso.

Luego de la primera vuelta, como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría de los votos, en noviembre se realizó el balotaje. Según observadores internacionales, se recurrió a un fraude masivo a favor de Yanukóvich, que desencadenó una serie de movilizaciones, conocidas como la Revolución Naranja. Por orden del poder judicial, la votación se repitió el 26 de diciembre y dio la victoria final a Yúshchenko.

Los intentos de Putin de buscar influir en Ucrania se desmoronaron, pero en los años siguientes recurrirá a otros métodos.

Los gasoductos como arma de presión:

Rusia es un destacado productor de gas, teniendo a Europa como su principal cliente al venderle el 72% de su producción. Alemania, Italia y Países Bajos son los principales consumidores del gas ruso. Esta gran demanda se debe a que es menos costosa que las inversiones en energía nuclear, y más ecológica en términos de gases de efecto invernadero en comparación con el petróleo y el carbón.

Ucrania es clave para permitir el envío de gas al viejo continente a través de los gasoductos que atraviesan su territorio: el 80% de esos envíos atraviesan suelo ucraniano antes de llegar a la UE y del cual recibe una ganancia anual estimada de entre 800 y casi 1.000 millones de dólares. El sistema de gasoductos es operado por la empresa estatal Naftogaz, en coordinación con la empresa nacional rusa Gazprom.

Fue en marzo de 2005 cuando Moscú comenzó su política agresiva respecto al gas, debido a desacuerdos en el precio, deudas pendientes y algunas acusaciones de “robo” hacia Ucrania. Las medidas que tomó para presionar a Kiev fue reducir el suministro de gas o cortar todos los suministros, como ocurrió el 1 de enero de 2006. Putin declaraba: “ningún país de tránsito tiene derecho a abusar de su posesión y a tomar como rehenes a los clientes europeos”.

La crisis continuó, con importantes momentos de tensión, hasta el 18 de enero de 2009, cuando se llegó a un acuerdo definitivo, donde Kiev aceptó los nuevos precios y saldó sus deudas. Más adelante, el 21 de abril de 2010, se revisó el acuerdo y el Kremlin aceptó una reducción del 30% del precio del gas, a cambio de prorrogar el arrendamiento de una importante base naval en el puerto ucraniano de Sebastopol en el Mar Negro por 25 años adicionales.

De esta forma, es como Rusia utiliza la energía como arma de presión política para sus intereses geopolíticos. No obstante, con el gasoducto Turkish Stream como alternativa de envío, la posibilidad de reactivar el Nord Stream y la negativa de Gazprom de prorrogar su contrato con Ucrania, actualmente Moscú pierde este mecanismo para presionar.

El Euromaidán y una mayor injerencia rusa:

Volviendo a la escena política, tras la derrota de Víktor Yanukóvich en los comicios de 2004, vuelve a lanzar su candidatura para las elecciones de 2010. En esta ocasión, resultó ganador en el balotaje con el 49,59% de los votos, superando a la candidata Yulia Timoshenko, entonces primera ministra de Ucrania.

En noviembre de 2013, su gobierno rechaza el acuerdo de asociación con la Unión Europea que había sido promulgado por la gestión anterior. Las nuevas intenciones son crear lazos más fuertes con Rusia, tras presiones de funcionarios de Moscú. Esto produce nuevamente el estallido de protestas conocidas como Euromaidán, que luego de tres meses, y tras una fuerte represión estatal con cerca de cien muertos, conllevan la huida de Yanukóvich a Rusia en febrero de 2014.

Posteriormente, manifestantes prorrusos del este y sur del país se levantaron en apoyo al presidente destituido, rechazando la nueva administración que asumía en Kiev. Al mismo tiempo, aprovechando la inestabilidad política, Rusia se anexionó la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol entre el 27 de febrero y el 18 de marzo con la justificación de “proteger a los rusohablantes que habitan en la región”.

En abril, separatistas prorrusos tomaron las ciudades de Donetsk y Lugansk, y declararon la independencia de las regiones homónimas (óblasts); Moscú ha prestado apoyo económico y militar a estos grupos con el objetivo de desestabilizar y frenar las intenciones de Ucrania de estrechar vínculos con Europa Occidental. El intento del poder ejecutivo nacional por restablecer su autoridad en el este del país provocó la guerra del Donbass.

El uso de la fuerza militar como último recurso:

Europa, representados por Alemania y Francia, fracasaron en poner fin al conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas. Los tratados de Minsk I y II (firmados en septiembre de 2014 y febrero de 2015, respectivamente) buscaron un alto el fuego, la retirada de armas pesadas y autonomía para Donetsk y Lugansk, pero el incumplimiento constante de las partes impidió una paz definitiva. El conflicto continuó y causó la muerte de 10.900 combatientes y 3.400 civiles.

Así llegamos a 2021. Durante ese año, agencias de inteligencia y medios occidentales documentaban cómo Rusia acumulaba tropas y armamento militar en la frontera con Ucrania. Kiev calculaba que más de 114.000 soldados rusos habían sido desplegados en el área fronteriza en el noreste, este y sur de Ucrania. Mientras tanto, Washington aseguraba que el Kremlin se “preparaba para una invasión”.

Finalmente, el 24 de febrero de 2022, Putin anunciaba en un discurso televisado lo peor: «tomé la decisión de realizar una operación militar especial». La justificación de la invasión fue el avance de la OTAN cerca de su frontera, detener el genocidio perpetrado contra la población rusohablante en el Donbass y la intención de “desmilitarizar y desnazificar Ucrania”.

Hasta la fecha, a pesar de que los frentes de guerra se encuentran paralizados, Rusia logró ocupar efectivamente las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón; esto representa un 19,4% del territorio ucraniano. Mientras que las cifras de bajas militares se ha ubicado casi a 1,8 millones para ambos bandos, cerca de 15.000 civiles muertos y 5,9 millones de ucranianos abandonaron el país.

En definitiva, los sucesos demuestran que cuando Rusia intervino más agresivamente en las cuestiones internas de Ucrania para resguardar su esfera de influencia, el sentimiento nacionalista creció. Este fenómeno se hizo evidente en las manifestaciones de la Revolución Naranja (2004) o el Euromaidán (2013), culminando en una cohesión social sin precedentes frente a la invasión de 2022.

El día miércoles de la semana pasada, medios de comunicación informaron que fuerzas estadounidenses derribaron un dron Shahed-139, cerca del Estrecho de Ormuz. Este hecho implica una agresión militar directa por parte de EE.UU hacia las posesiones iraníes y el riesgo a una confrontación militar.

Teherán y los países de la región, con la mediación de la Liga Árabe, apuestan a la diplomacia y se están llevando a cabo diálogos y negociaciones que comenzaron el viernes en Mascate, la capital de Omán. Se trata de la retoma de las negociaciones respecto al programa nuclear tras los ataques en conjunto por parte de Israel y EE.UU hacia la infraestructura nuclear iraní, en junio del año pasado.

Entonces, ¿por qué es una región que recibe los ojos de todo el mundo ante cualquier suceso político o militar?

El estrecho de Ormuz, el corazón de la producción de hidrocarburos:

Ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, se encuentra el estrecho de Ormuz, un canal marítimo de unos 60–100 kilómetros de ancho (con una angostura máxima de 39 km) que posee un gran valor geoestratégico para la economía mundial.

Resulta que la zona es el corazón de la producción de hidrocarburos, donde tiene más peso la industria petrolera: Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar y Omán producen más de 25.000.000 de barriles al día, según los últimos datos disponibles de diciembre de 2023. Estos países ocupan los primeros veinte puestos a nivel mundial en producción de crudo (ver estadísticas detalladas).

A modo de comparación, Estados Unidos, que es el principal productor en el planeta, produjo 13.000.000 para ese mismo período. En la región, Arabia Saudita es un actor clave que lidera el sector y ocupa el tercer puesto a nivel mundial con 8.950.000 barriles por día. Por su parte, Irán produce cerca de 4.000.000 de barriles, ocupando el séptimo escalón. Al mismo tiempo, destaca en la producción de gas natural, siendo el tercer productor a nivel mundial.

El otro punto importante es que el estrecho constituye la puerta de salida de los combustibles fósiles que se produce: por allí pasa casi un tercio del petróleo y gas que es comercializado, cuyo destino son los mercados asiáticos, con China, India, Japón y Corea del Sur como principales clientes. Pekín compró, solamente a Irán, un promedio 1.38 millones de barriles de crudo el año pasado.

La zona tiene tan gran interés que cuenta con la presencia de numerosas bases militares extranjeras, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la navegación de estas rutas comerciales. Destacan las ocho instaladas por parte de EE.UU. y Reino Unido con cuatro bases. Mientras que Francia y Turquía tienen situada una sola.

Nuevas (y viejas) tensiones entre Occidente e Irán:

Desde hace un par de décadas que las relaciones entre Occidente e Irán están marcadas por fricciones debido a tres factores clave: el apoyo a grupos político-religiosos como Hamás, Hezbolá y los Hutíes, el desarrollo de un polémico programa nuclear y la producción de misiles balísticos. Estos elementos generan preocupación, especialmente por parte de EE.UU e Israel.

Como respuesta, el país ha sido calificado por George W. Bush en 2002 como el “eje del mal” por apoyar al “terrorismo” y desde entonces se le han impuesto sanciones económicas, que fueron continuadas por su sucesor, Barack Obama (2009–2017), aunque fue precisamente durante el mandato de este último cuando se logró un histórico acuerdo nuclear con Irán en 2015.

Con la llegada de Donald Trump en 2017, su administración se caracterizó por ser más radical: retiró al país de estos acuerdos en mayo de 2018, declaró como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria en abril de 2019 y ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020, comandante de las Fuerzas Quds.

En la pandemia y bajo el gobierno de Joe Biden se enfriaron las tensiones. Pero, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, las mismas han ido escalando debido al nuevo impulso del programa nuclear y a las recientes medidas represivas del régimen contra las protestas del mes pasado. Trump envió una flota armada liderada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln. Esta presencia militar reciente es lo que ha desencadenado los sucesos de la semana pasada.

La amenaza del cierre del estrecho como disuasión:

Como Irán tiene más costa sobre el estrecho, posee mayor influencia sobre él en comparación con sus vecinos. Esto le da la posibilidad de amenazar con cerrar totalmente el paso, que de concretarse interrumpiría el flujo de tráfico y provocaría una importante crisis en la economía mundial debido al aumento del precio en el petróleo. El antecedente más reciente fue el año pasado, cuando Israel y Estados Unidos atacaron infraestructura nuclear iraní. En ese entonces, se temió que el país bloqueara el estrecho.

Otra estrategia puede ser la que lleva a cabo un grupo político aliado a Teherán: los Hutíes, en Yemen. Ya han realizado ataques a buques portacontenedores en el Mar Rojo, lo que ha provocado interrupciones en el transporte de mercancías que cruzan el canal de Suez. EE.UU respondió liderando una coalición multinacional, denominada como Operación Guardián de la Prosperidad, y realizando operaciones aéreas entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 en las posesiones de los Hutíes.

No obstante, los acontecimientos de la semana pasada evidencian que Irán tiene la capacidad de interceptar, por sus propios medios, a buques petroleros y a la armada estadounidense con bastante determinación. Al utilizar estas maniobras y la amenaza del cierre de Ormuz como herramientas de disuasión, el régimen presiona a Trump y Netanyahu para que desistan de una intervención militar directa que podría desestabilizar el mercado energético global.