Departamento de Filología Catalana

La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), aprobada el 1983 en la ciudad de Alicante (y conocida, por este motivo, como la “Ley de Alicante”), establece en el Título V, Artículo 35, una división territorial de la comunidad autónoma en zonas lingüísticas según el predominio del valenciano o del castellano. Esta adscripción territorial no se hizo en función del uso social actual de la lengua, sino de criterios históricos, teniendo en cuenta cual ha sido tradicionalmente la lengua propia de cada municipio. En la distribución, se tuvieron en cuenta los trabajos académicos del Instituto de Filología Valenciana de la Universitat de València y de la Universidad de Alicante.

El objetivo de la LUEV, según declara el punto IV del Preámbulo, es la recuperación del valenciano: revertir la “situación diglósica en que está inmersa la mayor parte de nuestra población, consiguiente a la situación de sometimiento del valenciano mantenida durante la historia de casi trescientos años” y “lograr la equiparación total con el castellano”. La división en dos zonas se explica porque el legislador quiso atender la situación sociolingüística singular de las comarcas históricamente castellanohablantes, para las cuales se preveía una incorporación progresiva de la enseñanza en valenciano.

De acuerdo con el contexto anterior, los argumentos que sostienen la declaración institucional, que se basan en el uso social actual del castellano como lengua mayoritaria en la ciudad de Alicante, no son suficientes para modificar el texto de la LUEV y, más todavía, traicionan el espíritu de la ley. Alicante ha sido, históricamente, desde que el 1296 el rey Jaime II incorporó la villa en la Corona de Aragón y hasta muy entrado el siglo XX, una ciudad mayoritariamente valencianohablante. El valenciano no es un elemento ajeno ni una imposición reciente en la ciudad, sino un elemento indiscutible de su historia y de su identidad. La sustitución lingüística, como demuestran los trabajos académicos publicados por investigadores de la Universidad de Alicante pero también la memoria colectiva en Alicante, se ha producido durante el siglo XX, y no ha sido un proceso ni espontáneo ni inevitable, sino el resultado de políticas lingüísticas represoras y de una diglosia estructural ejercida sobre los alicantinos y, en general, sobre las minorías lingüísticas en España en favor del castellano. El caso de Alicante, por lo tanto, no es el de las localidades del Baix Segura o del Vinalopó Mitjà, en que el valenciano dejó de ser lengua de uso familiar en los siglos XVII o XVIII. Ni es tampoco el caso de localidades como Villena o Sax, históricamente pertenecientes al Reino de Castilla. No le corresponde, pues, formar parte de la zona de predominio lingüístico castellano que establece la LUEV.

El valenciano no es, por tanto, solo un elemento anclado en el pasado en la ciudad de Alicante. A pesar de que el uso del valenciano en la ciudad de Alicante como lengua primera se ha reducido, nunca ha llegado a desaparecer del todo. Cómo demuestran las encuestas, son muchos los alicantinos valencianohablantes, que existen y que usan diariamente la lengua en la ciudad. El cambio de adscripción en Alicante comporta negarles sus derechos.

Más todavía, el cambio de adscripción de la ciudad de Alicante tendría implicaciones educativas, sociales, culturales y económicas gravísimas para la población alicantina. Posiblemente las consecuencias más graves las veríamos en el ámbito educativo, puesto que el cambio de adscripción comportaría la modificación del tratamiento de la lengua en los centros educativos del municipio. Hay que recordar que la inclusión del valenciano en el currículum ha sido generalmente aceptada, y que los datos de las encuestas que elabora la Consellería responsable en materia de educación demuestran una mejora progresiva de las competencias lingüísticas en valenciano entre el alumnado alicantino. Más todavía, la consulta extraordinaria sobre la lengua base en el sistema educativo, que se celebró a partir de las disposiciones de la ley 1/2024, de Libertad Educativa, han demostrado que en la ciudad de Alicante hay una sólida base social en favor de la enseñanza en valenciano. Cualquier medida como la propuesta que limite la enseñanza en valenciano en Alicante comportará una vulneración de los derechos del alumnado y una pérdida de oportunidades laborales y académicas, puesto que el valenciano continuará siendo lengua oficial de la comunidad autónoma.

Además, el valenciano es una parte indisoluble de la identidad alicantina. En valenciano está escrito el himno de la ciudad. Es la lengua de las fiestas más emblemáticas, como las Hogueras de Sant Joan o la Santa Faz. En valenciano se denominan los platos de la gastronomía tradicional, y los topónimos alicantinos son también valencianos. Eliminar la presencia institucional es también borrar parte del legado cultural de la ciudad.

Si Alicante renuncia a su lengua histórica, el valenciano, también renunciará a la capitalidad que tendría que ejercer la ciudad sobre su comarca y sobre su provincia. En l'Alacantí, el valenciano presenta una vitalidad robusta en la mayor parte de las localidades, como el Campello, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, Jijona, Agost, Busot, Aigües o Torremanzanas. Y, dentro de la provincia de Alicante, esta medida no se entendería en comarcas como las Marines o l'Alcoià y el Comtat, las cuales, de acuerdo con las encuestas de conocimiento y uso del valenciano, presentan algunos de los porcentajes de uso familiar y social del valenciano más elevados de toda la comunidad autónoma. Renunciar al valenciano es olvidar este retropaís y convierte la ciudad en un lugar hostil para los valencianohablantes que lo tendrían que tener como referente. Si Alicante quiere ser capital, no puede obviar el valenciano.

Por todas las razones aducidas en este comunicado, históricas, jurídicas, educativas y sociales, expresamos nuestra oposición a un cambio legal como el que reclama la declaración institucional aprobada el día 26 de junio en el Ayuntamiento de Alicante y nos reafirmamos en nuestro compromiso hacia la protección de la diversidad lingüística y de la convivencia respetuosa en la ciudad de Alicante. Un cambio como el propuesto, después de más de cuarenta años de vigencia de la Ley de Alicante, en caso de aplicarse, constituirá un retroceso injustificable e incomprensible, con consecuencias gravísimas para los vecinos de Alicante y para la relación de la ciudad con el resto del territorio valenciano.

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