Recuerdo el día en que la dirección de CCOO de Madrid, encabezada por su Secretario General Rodolfo Benito, visitamos al alcalde Álvarez del Manzano para plantearle la necesidad de que la capital de España rindiera reconocimiento, memoria y homenaje a los Abogados de Atocha. Nos acompañaba el concejal de Izquierda Unida, Julio Misiego, sindicalista de la antigua Barreiros.
Le presentamos en su despacho, aún en la Plaza de la Villa, un proyecto elaborado por el pintor y escultor Juan Genovés, en el que trasladaba el cuadro El Abrazo, auténtico símbolo de la reconciliación, la amnistía y la transición española, a una representación escultórica en bronce que propusimos instalar en la plaza de Antón Martín, muy cercana al lugar donde fueron asesinados los Abogados de Atocha.
En este oficio, el de maestro, hay que procurar mantener los sentidos alerta para cazar al vuelo las ideas que mariposean constantemente a nuestro alrededor. Cada oportunidad de aprendizaje tiene que ser aprovechada, porque no sabes nunca dónde va a saltar esa chispa que luego se convierte en voraz incendio que busca el conocimiento.
Todo nuestro oficio consiste en enseñar a leer y escribir. No me refiero a deletrear, sino a intentar descifrar el mundo, entenderlo hasta donde podamos, comprenderlo en sus infinitas variables, dimensiones. Intentar realizar las más diferentes y hasta extrañas lecturas que podamos imaginar.
Hace décadas comenzaron a fijarse los principios del transhumanismo estableciendo la tecnocracia como el elemento esencial para convertir a los seres humanos en un proyecto de transformación sin límites. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra naturaleza, nuestro tiempo en el mundo no tiene límites. O, al menos, eso piensan, o eso nos cuentan.
A partir de ese momento, a finales del siglo pasado, los tecnócratas del mejoramiento humano se convirtieron en gurús que exigían el libre acceso a todo tipo de tecnologías y la libertad absoluta para decidir qué cambios introducimos en nuestros cuerpos y nuestras mentes, incluidas las decisiones sobre las tecnologías reproductivas con las que queremos que nuestros hijos nazcan.
El 7 de octubre de cada año muchas organizaciones sindicales y sociales secundan la convocatoria de la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC), que llama a realizar una Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Las calles son testigo de manifestaciones, concentraciones, o mítines públicos. Se convocan encuentros, reuniones, eventos, actos, para debatir, reflexionar, escuchar opiniones diversas, sobre qué cosa ha de ser eso del Trabajo Decente y cuáles deben ser los objetivos de las trabajadoras y los trabajadores en estos momentos.
La cosa viene de lejos. A finales de los 90 del siglo pasado, el chileno Juan Somavía, por aquellos días Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habló por primera vez de Trabajo Decente en su primer Informe General, en 1999.
Cuentan que el alcalde quiere levantar una noria londinense en el Parque Tierno Galván, algo que parece que se le ocurrió antes a la otrora teniente de alcalde, dicharachera y moderna, que tuvo este Madrid casposo y tan limitadamente libre.
Se nos llena Madrid de turistas que desembarcan en pisos turísticos, aunque Madrid no tenga playa, ni puerto donde atraquen cruceros. Pero tiene un colosal aeropuerto y muchas estaciones ferroviarias de conveniencia. Y cercanías, malos cercanías, pero haberlos haylos.
Se abren y se cierran terrazas, sin criterio ni concierto. Se montan eventos masivos y ruidosos en campos de futbol para que los vecinos trasnochen y ensayen para creer que viven momentos felices asistiendo a un desarrollo increíble de Madrid.
No es la primera vez que me meto en harina y hablo de la desidia de nuestros políticos electos, de nuestros responsables administrativos, de los empresarios que nos prestan servicios a buen precio. No es la primera vez que denuncio la tortura de ruido que sufren quienes viven junto a las vías de trenes de corto, medio y largo recorrido.
Y no me refiero a las horas en las que el tráfico ferroviario arrecia. Desde antes de que salga el sol y hasta casi media noche los oídos del vecindario se han acostumbrado al paso de los trenes. También hay quienes se han acostumbrado al ruido de los coches y la contaminación de las avenidas muy concurridas.
Los trenes estaban allí antes que las viviendas. Nadie debería haber autorizado construir tan cerca de las vías, pero lo hicieron, el negocio es el negocio. Igual que construyeron viviendas junto a un mar cada vez más predispuesto a inundar las costas.
La pandemia nos ha puesto en la tesitura de tener que realizar muchas tareas utilizando medios digitales, desde pedir comida, a teletrabajar, desde estudiar en casa a ser atendidos por el médico con cita telefónica, o desde comprar un libro o un jersey hasta pedir una prestación por desempleo.
Las grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook, Google, o Microsoft han disparado sus beneficios durante los meses más duros de la pandemia. Grandes beneficios que vuelven a contrastar con la desigualdad observada en muchos sectores de la sociedad con respecto a su acceso al mundo digital.
Para empezar, desde el punto de vista del empleo, no todos los trabajadores y trabajadoras han podido teletrabajar, no todas las personas tienen los conocimientos y habilidades digitales suficientes para realizar trámites administrativos en la Seguridad Social, en los Servicios de Empleo, en los propios centros de salud.
Mucho se ha hablado de que todos somos iguales ante la pandemia siguiendo la antigua idea de la enfermedad y la muerte nos igualan. Pero eso no es verdad. Como todas las enfermedades y sus consecuencias, el coronavirus se ha cebado en las personas mayores, en las más débiles y cuanto más pobres son esas personas, más posibilidades de enfermar y de morir.
Pero no sólo se ha ensañado la enfermedad en las personas mayores. Sus consecuencias, en términos educativos, han supuesto una catástrofe para nuestra infancia. Acabamos de conmemorar el Día Universal del Niño (y de la Niña imagino) en un tiempo de más penas que glorias. Según datos de las Naciones Unidas han sido cerca de 1500 millones de niños y de niñas los que se han visto privados de escuela, a consecuencia de la expansión de la pandemia.
La UNICEF estima que, al menos uno de cada tres niños y niñas no puede acceder a clases a distancia, lo cual quiere decir que cerca de 700 millones de niños (y niñas) se han visto privados del derecho efectivo a la educación. El Objetivo 4 de Desarrollo del Milenio fijaba para 2030 conseguir una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Si ya era difícil alcanzar ese objetivo, ahora lo es aún más.
Pasan los meses de gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) y hay en torno a un millón de solicitudes), aunque se han resuelto poco más de 300.000, de las cuales se han rechazado cerca del 60 por ciento. El ministro de la Seguridad Social un día dice que la mitad de los solicitantes van a ser rechazados y otro día cuenta que entre un 20 y un 30% no van a cobrar porque no reúnen los requisitos. Algo no marcha desde el principio, alguien no se ha creído este proyecto y el propio gobierno lo sabe.
Se empeñaron en crear una nueva prestación económica para personas sin ingresos cuando ya existían programas de rentas mínimas en todas las comunidades autónomas. Se empeñaron en inventar la pólvora sin tomar en cuenta que no tenían capacidad, aún más en tiempos de pandemia, para hacer frente al alto número de solicitudes que podía producirse.
Para completar el desatino, en esas ansias que los gobernantes suelen demostrar a la hora de controlar los posibles fraudes de los más pobres (que nunca se corresponde con la misma diligencia con respecto a los más ricos), el gobierno se dedicó a poner condiciones extenuantes en la normativa de creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para controlar el acceso.
Parece que tendremos una ley de vivienda que va a establecer topes al alquiler. Me parece bien. Ya sé que hay quienes defienden que un piso es una propiedad privada y que nadie debe intervenir en materia de propiedad privada, pero eso es una trampa, especialmente cuando a la propiedad privada le unimos el libre mercado.
No se nos ocurriría, en ningún caso, dejar en manos de la propiedad privada y del libre mercado la salud, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, pero sí dejamos mangonear el derecho al acceso universal a una vivienda digna que establece nuestra Constitución.
En nombre de la propiedad privada y del libre mercado se defiende que los grandes propietarios de vivienda puedan jugar a su favor con los precios de venta, o de alquiler. Estamos hablando de los famosos fondos buitre que han invertido decenas de miles de millones de euros para hacerse con decenas de miles de viviendas de alquiler en nuestro país, controlando el mercado y los precios con mano de hierro.
Escrito por ccooblog 
El blog de Javier López Blog de CCOO de Madrid 
