Por estos días, el país vive una de las movilizaciones sociales más complejas de los últimos años. El paro nacional convocado por la CONAIE y otros sectores sociales no es solo una reacción al alza del diésel o a la eliminación de subsidios: es el síntoma visible de un malestar más profundo, que se arrastra por décadas y que vuelve a poner a prueba la relación entre el Estado y la sociedad ecuatoriana.
El aumento del precio de los combustibles golpeó de lleno al corazón productivo del país: los agricultores, transportistas y pequeños comerciantes. En una economía que aún no se recupera del todo de los impactos pospandemia y del desempleo estructural, la medida fue percibida como un golpe a la estabilidad familiar y comunitaria. Pero lo que comenzó como una protesta económica se transformó en una exigencia política: el reclamo de ser escuchados.
Desde las carreteras bloqueadas en Cotopaxi hasta las marchas en Quito, se repite el mismo mensaje: las decisiones nacionales no pueden seguir tomándose de espaldas al pueblo. En la historia reciente, el movimiento indígena y campesino ha sido el termómetro del malestar social, y hoy vuelve a ocupar ese rol, recordando que el Ecuador profundo existe, resiste y reclama justicia.
El gobierno respondió con el guion habitual: decretar el estado de excepción, movilizar fuerzas militares y calificar a los manifestantes de “violentos” o “infiltrados”. Sin embargo, las imágenes de abusos por parte de efectivos militares —como la golpiza a un manifestante que circuló ampliamente en redes sociales— cambiaron el tono del debate. La indignación creció, incluso entre sectores urbanos que inicialmente observaban el paro con escepticismo.
En democracia, mantener el orden público no puede ser sinónimo de silenciar la disidencia. El uso excesivo de la fuerza erosiona la legitimidad del gobierno y profundiza la brecha entre las instituciones y la ciudadanía. Un Estado que responde con represión a las demandas sociales termina debilitando su propio sustento moral.
CMLARREA 
