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Asesinato del defensor Quinto Inuma: jueces viajaron a la Amazonía peruana para escuchar a la familia en un histórico juicio

Mongabay Latam 14 Mar 2026

El juicio oral por el asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma marcó un hecho sin precedentes en la Justicia peruana. Entre el 10 y 12 de marzo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada realizó audiencias presenciales en la ciudad de Tarapoto, luego de que los jueces se trasladaran desde Lima para escuchar a la familia del defensor indígena y a miembros de su comunidad.

Manuel Inuma Alvarado, hermano de Quinto Inuma y actual jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, aseguró: «Para nosotros es muy interesante que los jueces se encuentren aquí en Tarapoto. Queremos que este juicio por la muerte de mi hermano no se quede en la nada. Lo que queremos y pedimos es justicia, que se dé cadena perpetua a dos de los acusados”.

El traslado de los magistrados responde a un pedido realizado el 12 de enero de 2026 por la familia Inuma y su comunidad, con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia con un enfoque intercultural. Se trata de la primera vez que jueces de esta instancia se desplazan fuera de la capital peruana para un proceso judicial vinculado con el asesinato de un defensor indígena.

Las sesiones forman parte de la continuación del juicio oral iniciado en enero de este año, que hasta ahora se había desarrollado de manera virtual.

Quinto Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, en la región San Martín, en la Amazonía peruana. El líder indígena denunciaba invasiones a su territorio, tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal.

El caso reviste especial gravedad porque Inuma formaba parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y contaba con garantías para su vida. A pesar de ello, fue asesinado.

Actualmente, cinco personas permanecen detenidas y procesadas por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal.

Durante la primera jornada de audiencias presenciales en Tarapoto, la viuda de Quinto Inuma, Betty Mandruma, relató el momento en que su familia presenció el asesinato. En su testimonio recordó a su esposo como un “defensor de sus bosques, de sus tierras». «Él luchaba por su tierra, era un defensor y por eso dio su vida. Me da mucha pena que mi esposo nos dejó así nomás”.

La familia y la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu esperan que las declaraciones contribuyan a esclarecer el crimen y a alcanzar justicia. Manuel Inuma expresó que la familia continuará el proceso “hasta el final». «Quinto Inuma dejó un legado por las causas que él defendió. Era un hombre valiente, guerrero”, dijo.

Imagen principal: días antes del asesinato, el líder indígena Quinto Inuma expuso en Pucallpa la situación de invasiones y deforestación que se vivía en su comunidad. Foto: cortesía Fondo Socioambiental del Perú

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México: ataque a balazos contra defensor y ambientalista en Nayarit enciende alertas

Gonzalo Ortuño López 13 Mar 2026

El defensor del territorio, comunicador y ambientalista Erik Saracho Aguilar fue atacado a balazos frente a su casa este 11 de marzo en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit, al occidente de México.

Saracho recibió dos impactos de bala que le provocaron lesiones de gravedad. Sin embargo, logró resguardarse. Tras ser trasladado de emergencia a un hospital público para recibir atención médica se encuentra estable.

“Me marca por teléfono y me dice, me balancearon, necesito ir al hospital”, cuenta Indira Santos, miembro de la RedMAS (Medio Ambiente en Sustentabilidad), iniciativa fundada por Saracho presente en los municipios de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Compostela.

Pese a que el defensor es parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que usó el botón de pánico, la policía tardó más de 50 minutos en llegar al lugar, de acuerdo con defensores cercanos a Saracho.

Actualmente, el defensor es director de Alianza Jaguar, una asociación civil de conservación de esta especie y su hábitat. Además, es consejero ciudadano en órganos colegiados de gobierno en asuntos ambientales y en el desarrollo sustentable.

Desde su labor en la RedMAS ha denunciado riesgos ambientales relacionados con los proyectos de desarrollo y expansión inmobiliaria y turística en esta región del Pacífico.

Santos cuenta que el defensor enfrenta desde hace ocho años procesos de criminalización por denunciar obras irregulares que invaden zonas federales de protección en San Pancho. “Le hicieron una denuncia penal, en la cual le ponen ley mordaza y les congelan las cuentas a él y otras tres personas”, relata.

Desde entonces, Saracho también ha recibido amenazas.

Hasta ahora, la Fiscalía del estado de Nayarit únicamente ha procesado la escena del ataque e inició una investigación por tentativa de homicidio “y lo que resulte”.

“Este hecho no puede ser considerado como un simple acto de inseguridad ciudadana. La agresión a Erik Saracho constituye un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del territorio y el medio ambiente en México”, publicó la RedMAS. “Este atentado es, de algún modo, contra la seguridad de todas las familias de San Pancho y contra cada defensor del territorio en Bahía de Banderas”, publicaron sus integrantes, quienes hicieron una protesta en calles de la localidad.

Santos agregó: “Esto es un ataque para todos y es sembrar el miedo y el pánico. Ante eso hay que reforzarnos, mover bien la información, hacerlo visible y dar la cara. Estamos en proceso de defensa del territorio. Hay mucho cuidado también por parte de la comunidad, una red de apoyo muy fuerte”, sostiene.

Imagen principal: Erik Saracho defensor territorial en Nayarit, México. Foto: cortesía Erik Saracho

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Colombia: pueblos indígenas del Chocó exigen justicia por el asesinato del gobernador Eutimio Valencia Duave

Mongabay Latam 11 Mar 2026

El gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado sin vida este martes 10 de marzo, luego de haber sido reportado como desaparecido días atrás en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Chocó (Orewa), que expresó su consternación por la muerte del líder indígena.

Valencia Duave, quien era autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, en el municipio de Tadó, había sido reportado como desaparecido el sábado 7 de marzo. La asociación Orewa alertó que el gobernador fue interceptado por tres hombres armados en una vía que conduce a Tadó.

El hallazgo de su cuerpo fue confirmado este martes por Orewa a través de un comunicado en el que lamentaron profundamente la pérdida del líder indígena, reconocido en su comunidad por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de los territorios ancestrales.

“Este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”, se lee en el comunicado de Orewa.

La organización también exigió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los integrantes de Orewa exigen a las “autoridades competentes del orden departamental y local adelantar de manera inmediata investigaciones rigurosas y determinar las circunstancias de su muerte, identificar y judicializar a los responsables, y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”.

El asesinato fue condenado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), que señaló la gravedad del ataque contra una autoridad tradicional. “Este crimen es un ataque directo al gobierno propio, a la autonomía territorial y a la dignidad colectiva de los Pueblos Indígenas”, denunció la organización.

Además, la CNTI advirtió sobre los riesgos que enfrentan los líderes indígenas en distintos territorios del país. “La defensa de los derechos colectivos no puede pagarse con la vida. Reiteramos que la constante amenaza que vivimos los Pueblos Indígenas no es un riesgo abstracto: se expresa en agresiones, persecución y violencia contra quienes ejercemos autoridad propia y defendemos el territorio”.

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) también hizo un llamado a las instituciones del Estado a dar con los responsables del crimen y a reforzar la protección de las autoridades ancestrales en el departamento. “Instamos a las instituciones del Estado a reforzar la protección de las comunidades indígenas frente a las múltiples amenazas que enfrentan en los territorios”, señaló la entidad.

Lee el artículo sobre el asesinato de tres defensores en Arauca 

Imagen principal: el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado sin vida en el departamento del Chocó. Foto: captura de pantalla

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Sobrepesca de pota: reunión clave cerró sin medidas efectivas para proteger al calamar gigante

Ana Cristina Alvarado 9 Mar 2026

“El calamar gigante (Dosidicus gigas) está en total abandono”, dice Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur (CALAMASUR). Esta es su impresión después de la 14° reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que finalizó el 6 de marzo pasado en Panamá.

Los miembros de la convención, entre ellos Ecuador y la Unión Europea, llegaron con nueve propuestas para regular la pesca en altamar de la también llamada pota o jibia. Ecuador, Perú y Chile denuncian que una flota de 500 barcos chinos pesca sin límites cerca de sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y, en algunas ocasiones, invaden estas áreas.

Solo se aprobó la propuesta de Estados Unidos y Nueva Zelanda, que reducirá en 15 % el número de embarcaciones de aguas distantes, zonas de pesca en alta mar, alejadas de la costa nacional, donde operan flotas pesqueras de larga distancia. Para Miranda, esta medida “no tiene ninguna utilidad práctica”. Explica que China ya opera con menos del 85 % de los barcos registrados.

“Había tres propuestas que eran el corazón de una verdadera gobernanza”, señala. La primera buscaba imponer un límite a las capturas basado en el enfoque precautorio a falta de estudios científicos. El tope planteado era de 396 671 toneladas, inferior a las cerca de 500 000 toneladas que China desembarcó en 2023.

En segundo lugar, se apuntaba a establecer una zona de no pesca para embarcaciones de aguas distantes de 20 millas desde el límite de las ZEE.

Para Miranda, la reducción de la flota era una medida significativa, siempre y cuando se hubiera impuesto sobre las embarcaciones activas y no sobre las registradas.

“Creo que hay grandes responsables. En primer lugar, China, después Estados Unidos y, en tercer lugar, la Unión Europea”, dice Miranda. Detalla que estos países se opusieron alegando falta de sustento científico. Además, con respecto a la zona buffer, argumentaron que hay restricciones legales.

No obstante, señala que el artículo 119 de la CONVEMAR, la constitución de los océanos, permite establecer medidas de conservación en altamar.

El presidente de CALAMASUR añade que ya se han establecido medidas similares. La Comisión Interamericana del Atún Tropical creó en 2009 el Corralito, un área al oeste del archipiélago de Galápagos sobre la que se establecen vedas. En Europa y China hay regulaciones en la misma línea, de acuerdo con el experto.

El estudio del estado de la población del calamar gigante queda en manos del Comité Científico, presidido por China. Los resultados saldrían en al menos tres años. “El calamar va a seguirse capturando a ciegas, con el inminente riesgo de una depredación del recurso”, prevé Miranda.

El trabajo no se ha acabado. El objetivo es proteger una pesquería de la que dependen decenas de miles de pescadores y personas asociadas a las cadenas productivas en Perú y Chile.

Imagen principal: potero panameño dentro de la ZEE de Ecuador, 2019. Foto: cortesía Simon Ager

Sobrepesca de pota: reunión clave cerró sin medidas efectivas para proteger al calamar gigante

Perú: lluvias y aludes dejan al menos 68 muertos y El Niño Costero se extendería hasta noviembre

Associated Press 4 Mar 2026

Frente al impacto de lluvias intensas, aludes y desbordes asociados al fenómeno de El Niño Costero, Perú declaró el estado de emergencia en más de 700 distritos de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía.

El decreto fue firmado por el presidente interino José Balcázar. La medida permitirá agilizar la transferencia de recursos a gobiernos locales y regionales para proteger puentes, carreteras, sistemas de agua potable y redes eléctricas, así como salvaguardar la vida y la salud de la población.

La Defensa Civil reportó al menos 68 fallecidos desde diciembre de 2025 por causas vinculadas a las lluvias. Entre las víctimas más recientes se registró a un padre y su hijo arrastrados por un alud en Arequipa y un policía que murió en Lima mientras intentaba rescatar a un perro en un río crecido.

El impacto en infraestructura es significativo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que 931 kilómetros de carreteras han resultado afectados en el país. Por esas vías se movilizan más de medio millón de personas cada semana.

Las autoridades científicas prevén que el fenómeno, iniciado en febrero, podría extenderse al menos hasta noviembre, en un país que ya ha enfrentado tragedias similares en 2017 y 2023.

Lee más sobre la emergencia climática que golpea a América Latina 

Este artículo fue publicado en Associated Press

Imagen principal: una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. Foto AP/José Sotomayor

La gente inspecciona la carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/José Sotomayor)

Balean a ingeniero forestal en zona marcada por la tala ilegal y la violencia en la Amazonía de Perú

Yvette Sierra Praeli 2 Mar 2026

El ingeniero forestal Javier Fasabi, personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Puerto Inca, en Huánuco, recibió varios impactos de bala que le ocasionaron tres heridas en brazos y piernas así como una lesión superficial en el rostro. El ingeniero forestal realiza inspecciones contra la tala ilegal.

El hecho ocurrió el miércoles 25 de febrero a la altura del kilómetro 41 de la carretera Fernando Belaunde Terry —carretera marginal—, donde se ubica el centro poblado Nuevo Porvenir, distrito y provincia de Puerto Inca, Huánuco. Fasabi regresaba a su oficina a bordo de su motocicleta, informó a Mongabay Latam el suboficial Edwin Villanueva, del Departamento de Investigación Criminal de Puerto Inca, en Huánuco.

Luego de ocurrido el hecho, Fasabi fue trasladado al Hospital de Essalud de Pucallpa, en Ucayali. Según información del hospital, el ingeniero forestal se encuentra estable luego de haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas por los impactos de bala recibidos. Por su seguridad, cuenta con resguardo policial.

Villanueva, a cargo de la investigación, dijo a Mongabay Latam que en la zona donde ocurrió el atentado han sucedido otros hechos de violencia anteriormente. “El año pasado hemos tenido cinco o seis casos de violencia en el kilómetro 41. Ahí ocurren incidentes como sicariato, extorsión y otros delitos graves contra la vida, la integridad física y la salud”. El suboficial recordó el caso de una persona dedicada al negocio del cacao que fue secuestrada y cuyo cuerpo se encontró en esa zona.

Villanueva también dijo que un representante de la ATFFS se acercó a la dependencia policial de Puerto Inca e informó que ninguno de los trabajadores de la oficina agraria habían recibido amenazas antes de este hecho. Sin embargo, recordó que hace un año la oficina de Puerto Inca sufrió un incendio.

En conferencia de prensa, la directora regional de Agricultura de Huánuco, Rosalin Tineo, manifestó su rechazo a “todo acto de violencia”. También informó que se ha solicitado garantías para la vida de los servidores de la ATFFS de Puerto Inca, pero indicó que desconoce si el hecho está relacionado con el trabajo que realizan en los bosques.

Tineo agregó que a través de la mesa de diálogo “se está avanzando para frenar los abusos de la tala ilegal y la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca”, por lo que “se están reforzando las garitas de control de la zona”.

En Puerto Inca se han instalado varias economías ilícitas, principalmente minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, como ha informado en varias oportunidades Mongabay Latam. Puerto Inca también es territorio de comunidades indígenas que desde hace varios años denuncian la presencia de actividades ilícitas y la falta de titulación de sus territorios. Es, además, una zona donde han ocurrido varios asesinatos de líderes indígenas.

Imagen principal: el ingeniero forestal Javier Fasabi realiza habitualmente inspecciones contra la tala ilegal, lo que podría estar relacionado con el ataque. Foto: redes sociales

el ingeniero forestal Javier Fasabi realiza habitualmente inspecciones contra la tala ilegal, lo que podría estar relacionado con el ataque. Foto: redes sociales

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