El mito del capitalismo obsceno

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Si escucha a alguno de nuestros políticos decir que respeta la iniciativa privada, acto seguido también escuchará que rechaza el capitalismo “obsceno” o “salvaje” y reafirma la obligación del gobierno de regularlo.

El artificio es tremendamente efectivo. Nadie quiere un sistema obsceno gobernando la asignación de recursos escasos y, por lo tanto, esta retórica genera un consenso en el electorado de que el capitalismo, o el mercado, debe ser regulado y vigilado porque sino se convierte en un monstruo de siete cabezas.

Pero, ¿puede el capitalismo ser obsceno o salvaje? El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la asignación de recursos en mercados libres. En otras palabras, el capitalismo está basado en decisiones individuales y transacciones voluntarias en las que cada quien decide como adelantar su propio plan de vida. Lejos de ser algo obsceno o salvaje, por lo tanto, el capitalismo es un sistema intrínsecamente moral que le ha permitido al mundo sacar a millones de personas de la pobreza.

Veamos primero el aspecto moral. En el capitalismo la generación de riqueza está a cargo del individuo y la única forma de lograrlo es produciendo algo que la sociedad valore. Es decir, dado que toda transacción es voluntaria, la única forma de salir adelante y desarrollar nuestro plan de vida es produciendo algo que beneficie a alguien más. Esto genera una fuerte competencia por producir más y mejores bienes y servicios, y todo intento de engañar o tomar ventaja es tarde o temprano eliminado por los propios mercados. El éxito en el capitalismo se genera, por lo tanto, a partir de la ética del trabajo y el esfuerzo individual orientado a buscar formas de satisfacer a los demás. Esto hace del capitalismo un sistema profundamente moral.

¿Qué hay de sus resultados en términos de desarrollo? Solo pregúntese qué países generaron riqueza y qué países generaron hambre y miseria. ¿Acaso Cuba, Venezuela y Corea del Norte han mejorado la vida de su gente desde que decidieron rechazar el capitalismo? ¿Que pasó con China, Vietnam y Chile cuando decidieron caminar hacia él? Vamos a los datos. Usando el índice de libertad económica del Fraser Institute, que mide el grado de capitalismo o de libertad de los mercados, el PIB per cápita de los países en el cuartil más alto de ese índice es ocho veces mayor al PIB per cápita de los países en el cuartil más bajo. La población más pobre en los países con mayor libertad económica tiene un ingreso anual casi 10 veces mayor al de la población más pobre en los países con menor libertad económica. La esperanza de vida es 15 años más alta en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. La tasa de mortalidad infantil es siete veces más baja en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. El porcentaje de la población viviendo en extrema pobreza es 21 veces más bajo en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. No existe, de hecho, un solo indicador de desarrollo para el que los países del cuartil más bajo en el índice de libertad económica le lleven ventaja a los países del cuartil más alto. Por donde se lo mire, el capitalismo ha sido tremendamente exitoso en términos de desarrollo y ha sacado a millones de personas de la pobreza (y, por si acaso, todos los países nórdicos, sin excepción, están en el cuartil más alto del índice de libertad económica).

¿Se puede hacer trampa o abusar en el capitalismo? Como digo antes, dado que toda transacción es voluntaria, los mercados serán muy eficientes en eliminar a los tramposos y abusivos a menos que, por supuesto, no existan alternativas o competencia. Esto puede pasar si algunas empresas cooptan el aparato estatal y generan regulaciones en su favor como barreras a la entrada. A esto se le llama crony capitalism en inglés o capitalismo de amigotes en español. Eso sí genera un sistema obsceno y salvaje, pero note el lector que esto no tiene nada que ver con el capitalismo. Este es el resultado de tener un Estado grande, corrupto e interventor de la economía. Si el Estado es enano y no influye en los mercados (además de hacer respetar la propiedad privada), a las empresas no les interesará cooptarlo y usarán sus energías en competir lealmente.

¿Qué pasa con los que no pueden producir algo que la sociedad valore? La ayuda y solidaridad voluntaria no solo son perfectamente compatibles con el capitalismo, sino que son su mayor complemento. Dense una vuelta por los datos sobre montos de caridad y donaciones por países y verán que los países más capitalistas son los más solidarios.

Así que no, el capitalismo no es obsceno ni salvaje, es la mejor idea de los últimos doscientos años.

La salud no es un derecho

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Vivimos uno de los momentos más críticos en términos de salud. Los sistemas colapsan, los hospitales y los médicos no dan abasto, la gente recurre al cloro y a otros medicamentos “milagrosos,” y muchos no tienen otra que quedarse en casa esperando lo mejor y temiendo lo peor.

Hoy más que nunca la salud es una prioridad y es entendible que la gente la reclame como un derecho. Así está tipificada además en la Constitución de 2009 junto a una larga lista de otros “derechos” como la educación, el agua, la alimentación, la vivienda, el alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el empleo, etc. Está claro que deseamos fervientemente que todos tengan acceso a servicios de salud y el papel aguanta todas nuestras buenas intenciones. La testadura realidad, sin embargo, es que ni la salud ni ninguno de los bienes o servicios en esa lista es o puede ser un derecho.

¿Qué significa que la salud sea un derecho? Significa que por el hecho de existir toda persona puede exigir, amparada en la Constitución, que se le otorguen servicios de salud. Esto quiere decir acceso a hospitales, doctores, medicinas, etc. Y ¿a quién se le exigiría todo eso? Al gobierno, por supuesto. Y, ¿cómo hace el gobierno para financiar todos estos servicios (porque no son gratis)? Cobrando impuestos. Es decir, cuando decimos que la salud es un derecho, en el fondo estamos diciendo que es legítimo obligar a unos (a través de impuestos) a proveer estos servicios para otros. Así de simple: los derechos sociales implican una imposición. La demagogia progresista trata de disfrazar esta imposición como instrumento de una “sociedad solidaria,” pero esto de solidario no tiene nada. La solidaridad es voluntaria por definición. Los impuestos son, en cambio, una obligación respaldada con violencia: si Ud. no paga lo meten a la cárcel.

Esta definición es tremendamente importante. Si no tenemos claro que el derecho a la salud genera una imposición, las consecuencias pueden ser desastrosas. Primero hay un elemento moral al que no se le puede hacer el quite. ¿Es moral obligar a unos a pagar por la salud de otros? Cualquiera sea su posición ideológica, si usted está de acuerdo con que la salud sea un derecho, debe también justificar su respuesta a esta pregunta. Segundo, para hacer efectivo el derecho a la salud el gobierno no solo cobra impuestos, sino que también construye y administra hospitales públicos, controla los precios en farmacias y clínicas privadas, e incluso amenaza a estas últimas con expropiarlas o nacionalizarlas si fuera necesario. Al final del día tenemos un sistema de salud cooptado y controlado por los políticos de turno que no provee salud sino ineficiencias.

La primera y más obvia ineficiencia es que los impuestos que se cobran para proveer derechos reducen los incentivos a trabajar y crear empresa (por lo menos en el sector formal). Esto estrangula la creación de empleo y riqueza. Con el fin de proveer derechos, Bolivia tiene 42 diferentes tipos de impuestos y el país está en el puesto 186 de 189 países en el índice de facilidad de pagar la carga tributaria de PriceWaterhouseCoopers. La segunda ineficiencia está en la producción de salud pública que se caracteriza por el mal servicio y la corrupción. ¿Puede usted nombrar un solo período en nuestra historia en que la salud pública fue eficiente y de calidad? La tercera ineficiencia está en la regulación de la actividad privada. Si el gobierno controla los precios de clínicas y farmacias privadas y las amenaza con expropiación, los incentivos a traer más medicamentos o abrir nuevas clínicas desaparecen rápidamente. El resultado de todo esto es que tenemos un sistema público que no funciona adecuadamente y ningún incentivo para desarrollar un sistema privado dinámico y competitivo cuando más lo necesitamos.

El objetivo es claro. Queremos que la gran mayoría de las personas tenga acceso a servicios de salud eficientes a precios razonables. Pero eso no se logra escribiéndolo en la Constitución. La salud no es un derecho sino un bien económico (no es gratuito) y por lo tanto su producción y asignación serán eficientes a través de mercados libres. Eso significa un respeto estricto de la propiedad privada (menos impuestos, menos controles de precios y menos amenazas de expropiación). Solo así se generarán los incentivos para desarrollar una oferta competitiva que hará que el servicio sea cada vez mejor y los precios cada vez menores.

Escribir deseos en un papel

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Los hospitales públicos colapsan y no tienen la capacidad de ofrecer un servicio apropiado. La gente recurre a las clínicas privadas que todavía tienen espacio, pero los precios asustan casi tanto como el virus. En el sector inmobiliario, los inquilinos sufren porque han perdido su trabajo o reducido su ingreso y les cuesta pagar los alquileres. Los empresarios están en figurillas porque no venden, no pueden pagarles a sus trabajadores y tienen que despedirlos. La economía se hunde y el barco tiene huecos por donde se mire.

¿Cómo se enfrenta esta catástrofe? Es complicadísimo. El proceso productivo está estrangulado y los economistas se parten la cabeza tratando de encontrar soluciones. Pero claro, nosotros somos más prácticos. ¿Para qué complicarnos con modelos y datos? La solución criolla es muy sencilla. ¡Pretendamos que el barco no tiene huecos y ya está! Cerremos los ojos e imaginemos que no hay problemas. En una de esas, de tanto imaginarlo, transformamos los deseos en realidad. Como lo lee. No estoy exagerando. Eso es exactamente lo que nuestros políticos proponen.

¿Qué las clínicas privadas son caras? Pues nada, pasamos una ley que regule los precios para que estas sean más baratas. Problema solucionado. ¿Qué los inquilinos no pueden pagar los alquileres? Tranquilo. Pasamos una ley que baje los alquileres al 50% del precio original. ¿Qué los empresarios despiden trabajadores o no pueden pagarles? No pasa nada. Armamos otra ley que prohíba los despidos y los empresarios sigan pagando sueldos. Y así, con el mágico recurso de escribir nuestros deseos en un papel solucionamos todos los problemas. Si no nos gustan los precios determinados por el mercado los cambiamos por aquellos que sean de nuestro agrado, los escribimos en una ley, y ya.

Esta enorme falacia es el resultado de no entender que los precios no son un capricho o una maldad sino simples indicadores de la escasez relativa de los bienes. Las clínicas privadas son caras (carísimas) porque hay muy pocas que ofrezcan el cuidado requerido y hay muchísimos pacientes que quieren atenderse en ellas. Los alquileres, por su parte, simplemente reflejan la disponibilidad de viviendas en relación a la gente que quiere alquilarlas. Y los salarios de Bs. 0 (o despidos) reflejan que la demanda por trabajadores cayó bruscamente porque las empresas no pueden generar ingreso. Los precios solo desnudan la realidad. Ignorarla, o tratar de cambiarla escribiendo una ley, como pretenden nuestros políticos, solo empeora la situación.

Imagínese que mañana el gobierno anuncia que por ley las clínicas privadas no pueden cobrar más del 50% de lo que cobran hoy. ¿Qué pasaría? Tendríamos aglomeraciones de gente con plata en mano demandando una cama. ¿Cómo asignamos pocas camas entre tanta gente? Sin poder usar precios, las clínicas tendrían que discriminar de alguna manera a los pacientes (opción espantosa) o se formarían mercados negros en los que el precio subiría a sus niveles originales, pero al margen de la ley. En suma, solo crearíamos ineficiencias. Pero el peor efecto es el de mediano plazo. Cuando se controlan precios se reducen los márgenes de ganancia y se reducen los incentivos a invertir. Si el problema era que teníamos pocas clínicas privadas, ahora tendremos aún menos porque los que pensaban abrir esas empresas no tendrán los incentivos a hacerlo.

Pasa exactamente lo mismo con los alquileres y con las prohibiciones de despido. Una rebaja de alquileres por ley desmotiva a los dueños a habilitar o construir viviendas para alquilar. Eso afecta terriblemente a las familias que buscan casa. Prohibir los despidos y obligar a las empresas a pagar salarios, aunque no generen ingreso, afecta la seguridad jurídica e introduce incertidumbre que solo desmotiva la creación de más empresas y, por supuesto, más puestos de trabajo. Por querer proteger al trabajador terminamos reduciendo sus oportunidades.

Cerrar los ojos a la realidad o escribir una que nos guste más en una ley solo empeora las cosas. Lo que necesitamos es un estricto respeto a los derechos de propiedad y libertad de acción. Cuando la gente pueda actuar y negociar en libertad tendrá los incentivos para arriesgarse, producir, contratar y, ultimadamente, generar riqueza.

Coronavirus: ¿Nos estamos equivocando?

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Aunque existen algunas excepciones, el mundo parece haber optado por una estrategia de estricto “distanciamiento social” para frenar el avance del Covid-19. Esto incluye severas cuarentenas, prohibiciones de viajes y el traslado de toda actividad posible al mundo virtual. El objetivo es, por supuesto, evitar la propagación del virus, ganar tiempo y no dejar que los sistemas médicos colapsen.

Los beneficios de esta estrategia son bastante claros y nadie los cuestiona. ¿Pero que hay de los costos? Quedarse en casa nos deja una economía detenida o a media máquina que está imponiendo costos altísimos en la sociedad. Por ahora, sin embargo, muy pocos parecen estar interesados en dimensionar estos costos. La idea es que “la plata se recupera, pero la vida no” y, por lo tanto, quince días o un mes de cuarentena y restricciones tendrían que valer la pena. El costo económico se percibe, por ahora, solo como números o estadísticas que deben mantenerse en segundo plano.

La realidad, sin embargo, es muchísimo más complicada. Los costos económicos pueden ser mucho más grandes de lo que suponemos y definitivamente no son solo números o estadísticas sino gente de carne y hueso que ya sufre en persona los estragos del colapso productivo.

Empecemos por los Estados Unidos. La economía de ese país ya está en una profunda recesión. Las declaratorias de desempleo se están multiplicando por hora. La semana del 16 al 20 de marzo, 281.000 personas perdieron su trabajo (un incremento de 70.000 con respecto a la semana anterior) y se pronostica que la próxima semana lo harán entre 2 y 5 millones más. A este paso, la Reserva Federal está pronosticando que el desempleo alcanzará 30% en el segundo trimestre del año y la caída del PIB será del 50%! ¿Se da cuenta del colosal descalabro del que estamos hablando? Parar la economía porque nos quedamos en casa hace que en Estados Unidos pasemos de casi no tener desempleo (la tasa era de solo 3.6%) a un desempleo de 30% en cuestión de tres meses! Estos números son peores que los que se tenían durante la Gran Depresión de 1930.

¿Y si esta es la realidad en la primera potencia económica, que tendríamos que esperar para Latinoamérica? Las dimensiones que tendrá la crisis son todavía difíciles de comprender. Veremos una reducción de nuestras exportaciones (el precio del petróleo de $20 no ayuda), una caída severa de la inversión extranjera, una caída del poder adquisitivo, miles de empresas cerrando y un incremento masivo de desempleo en todos los sectores. De hecho, la ONU pronosticó esta semana que la pobreza podría incrementarse en nuestra región un 20%. ¡Esto haría que 35 millones de personas pasen a estar por debajo de la línea de pobreza!

Pero otra vez, lo importante es entender que estos números no son solo estadísticas sino gente de carne y hueso. La pobreza es un infierno. Cuando se entra en ella se incrementan enormemente las probabilidades de suicidio, alcoholismo, drogadicción, crimen, abuso infantil, mortalidad infantil, violencia intrafamiliar, deterioro de la salud, reducción de la esperanza de vida, etc. La pobreza mata, genera sufrimiento en niños y elimina los sueños y esperanzas de la juventud.

Estamos sin duda ante una dolorosa encrucijada. El análisis costo-beneficio de la estrategia de estricto distanciamiento social nos obliga a elegir el mal menor. Cualquier opción conlleva un costo doloroso. Por todo lo expuesto arriba y mucho más no queda claro que quedarse en casa por mucho tiempo sea el camino adecuado.