.-01
Vivimos en un país que se declara laico, pero en el que muchos se refugian tras la máscara de la fe para disimular la corrupción moral que los consume; un país tan polarizado que la objetividad no existe y se mimetiza con la conveniencia, el fanatismo o el interés personal. Esta frase resume, en pocas palabras, la encrucijada en la que se encuentra Colombia: atrapada entre una moral manipulada, una narrativa política maniquea y un pasado violento que aún no hemos logrado entender, ni mucho menos superar.
La historia reciente de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado, y con él, por la presencia de múltiples guerrillas que han tenido motivaciones, métodos y trayectorias muy distintas. Sin embargo, el relato dominante —en gran parte impulsado por sectores de derecha— ha sido simplificar y reducir toda insurgencia a crimen, terrorismo o narcotráfico, sin matices ni contexto. Esta mirada superficial ha alimentado la estigmatización, ha cerrado espacios de reconciliación y ha obstaculizado la implementación real de la paz.
Precisamente toda la premisa parte del error intencional de ocultar que no todas las guerrillas en Colombia han sido iguales. Mientras algunas se transformaron en aparatos de guerra sostenidos por economías ilegales, otras surgieron con un carácter profundamente ideológico, simbólico e incluso cultural.
El M-19, por ejemplo, fue una guerrilla urbana con una visión política centrada en la democratización del país. A pesar de que cometió actos armados —como la toma de la Embajada Dominicana o el asalto al Palacio de Justicia—, su intención nunca fue la conquista territorial o la imposición por la fuerza, como ocurrió con las FARC o el ELN. El M-19 se caracterizó por usar la acción simbólica como herramienta política: la toma de la espada de Bolívar no fue un acto de violencia, sino una declaración ideológica. Posteriormente, sus líderes negociaron la paz, abandonaron las armas y se integraron a la vida política nacional.
Del M-19 surgieron figuras claves en la política contemporánea, como Antonio Navarro Wolff o el actual presidente Gustavo Petro, quienes transitaron del combate ideológico al debate democrático. Su evolución desmiente la idea de que todo “guerrillero” es un criminal irredimible. Al contrario, demuestra que muchos insurgentes fueron ciudadanos que, en contextos de injusticia y represión, eligieron una vía radical para exigir reformas profundas.
Por otro lado, las FARC, aunque nacieron también con motivaciones políticas —reivindicaciones agrarias, lucha contra la desigualdad y el abandono estatal en las zonas rurales—, con el paso del tiempo se convirtieron en un actor militar de control territorial. Su involucramiento con el narcotráfico, el secuestro sistemático y otras prácticas violentas los alejaron de cualquier legitimidad ideológica. La lucha se degradó y se convirtió, en muchos casos, en una economía de guerra. Lo mismo ocurrió con el ELN, aún activo, y con bandas posfarc como el Clan del Golfo, que son simplemente mafias con lenguaje político.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC fue un momento histórico. No solo por haber terminado formalmente el conflicto armado más largo del hemisferio occidental, sino por el enfoque amplio del acuerdo: justicia transicional, desarrollo rural, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
Sin embargo, su implementación ha sido caótica, incompleta y, en muchos aspectos, traicionada. Gran parte de la tradicional clase política colombiana —liderada recientemente por el uribismo— se dedicó sistemáticamente a boicotear el acuerdo: desfinanciaron programas claves, sabotearon institucionalmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incumplieron la protección a excombatientes y manipularon el discurso para asociar la paz con impunidad.
El referendo de 2016, ganado por el “No” con base en mentiras estratégicas —como el supuesto «castrochavismo» o la idea de que los guerrilleros recibirían grandes sueldos—, reveló no solo la fragilidad del país ante la desinformación, sino el miedo profundo de una élite a perder control sobre una narrativa que los favorecía. Para esa élite, el perdón y la verdad son peligrosos porque amenazan con develar sus propias culpas.
En este contexto, el término “guerrillero” se ha transformado en un insulto, en una etiqueta para anular al otro. Hoy en Colombia, a cualquier voz crítica del establecimiento, a cualquier defensor de derechos humanos o militante social, se le tilda de guerrillero. Es una forma de deshumanizar al oponente político y justificar la violencia contra él.
Esta generalización es no solo injusta, sino peligrosa. Borra las diferencias entre quienes empuñaron armas por convicción política y quienes lo hicieron por dinero o poder; entre quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y quienes intentaron transformar el país por vías alternativas. También oculta el hecho de que muchos de estos jóvenes armados no eran monstruos, sino campesinos sin opciones, reclutados a la fuerza o impulsados por la desesperanza.
Además, esta narrativa encubre otras violencias: la del paramilitarismo, que cometió masacres con la complicidad del Estado; la del narcotráfico, que corrompió todas las instituciones; y la de las fuerzas armadas, responsables de crímenes tan atroces como los “falsos positivos”.
En un país sin matices es evidente que existe una democracia en riesgo.
La Colombia actual es una nación sin matices. La tradicional e histórica casta política ha monopolizado la moral, la religión y el discurso patriótico. Ha instalado la idea de que solo hay dos bandos: los buenos que defienden el orden, y los malos que son todos guerrilleros disfrazados. En ese juego de espejos, la fe se vuelve una excusa, la justicia una herramienta política y la verdad un relato al servicio del poder.
Pero Colombia también es resiliente. Ha producido movimientos ciudadanos, expresiones culturales y procesos de resistencia que buscan abrir un nuevo camino. El Paro Nacional de 2021 lo demostró: jóvenes, estudiantes, indígenas, trabajadores y madres comunitarias salieron a las calles no para defender a una guerrilla, sino para exigir dignidad, futuro y una paz real.
El reto está en recuperar la capacidad de escuchar, de analizar sin dogmas, de entender que el conflicto colombiano no se resuelve con balas ni con eslóganes vacíos. Se resuelve con verdad, educación, reparación y justicia. Se resuelve desarmando no solo a los grupos ilegales, sino también los discursos de odio y los privilegios enquistados en el poder.
Colombia no necesita más guerras ni más mártires. Necesita memoria. Necesita mirar con honestidad su pasado, reconocer las diferencias entre actores armados, aceptar responsabilidades y comprometerse con la construcción colectiva del país. Necesita dejar de disfrazar la corrupción con discursos religiosos y dejar de usar el miedo como herramienta de control social.
No se trata de romantizar la insurgencia ni de justificar la violencia. Se trata de comprender, con rigor y sin prejuicios, por qué surgieron las luchas armadas, cómo se degradaron y por qué aún hoy persisten los conflictos. Solo así podremos romper el ciclo.
Porque al final, como escribió Eduardo Galeano, “la historia está hecha de memorias que luchan por no ser olvidadas”. Y en Colombia, todavía hay muchas verdades esperando ser contadas.