El programa político de la UCD.

El programa centrista se correspondió con lo que se llevó a cabo durante la transición. Aparte de la instauración de un régimen democrático y un reparto más equitativo de la riqueza sin necesidad de recurrir a las nacionalizaciones, todo lo que se proponía era más bien de sentido común:

En el resto de los apartados programáticos UCD no se distanciaba sensiblemente de lo que ya comenzaba a considerarse normal. Una política interior basada en la defensa de la economía social de mercado, con incidencia del Estado en los sectores monopolistas y en "aquellos en los que se produzca una excesiva concentración de capital"; una política exterior de relaciones políticas plenas con todos los países y con el designio de conseguir la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar y la integración en el Mercado Común, y una política social en libertad sindical, con jornada semanal de cuarenta horas, igualdad de derechos para el hombre y la mujer y planificación familiar asistida por la Seguridad Social.

(Chamorro: pp. 173-174)

De hecho, casi puede decirse que aquél programa centrista se ha convertido, con el paso del tiempo, en el consenso político español, las líneas maestras sobre las que llevar adelante unas políticas de Estado que contarán con el apoyo más o menos entusiasta de socialistsas y populares —salvo, quizás, en la política exterior, donde Gibraltar ha perdido la centralidad que tenía entonces y el proyecto de integración europea ha crecido sin lugar a dudas en importancia. En estos momentos, creo que puede afirmarse sin temor alguno que tanto el equipo dirigente del PP como el del PSOE se identifican en líneas generales con este programa a grandes trazos, lo cual ya supone un avance enorme comparado con las divisiones de nuestro pasado. Únicamente encontramos el deseo de ir mucho más allá de estas líneas entre ciertos sectores minoritarios de ambos partidos y, por supuesto, Izquierda Unida. Como ya digo, esto le puede parecer a algunos insuficientemente plural, pero para un país que ha conocido las divisiones sociales y políticas que ha conocido España durante los siglos XIX y XX, supone sin duda un avance.

Cabe preguntarse, sin embargo, cómo es posible que el programa político de la UCD de entonces haya sido asumido casi sin condiciones por la derecha y la izquierda (en otras palabras, que haya triunfado en todos los frentes) y, a pesar de ello, el centro político haya desaparecido del Parlamento. La respuesta, obviamente, sólo puede ser que conforme PP y PSOE se han ido corriendo hacia el centro, el votante medio no ha creído necesario entregar su apoyo a unas fuerzas políticas minoritarias cuya única función posible era la de convertirse en partidos-bisagra. En este sentido, creo que el electorado español ha cometido un gravísimo error que tarde o temprano habrá que corregir. Y digo esto por varias razones. En primer lugar, el hecho de que los partidos mayoritarios se corran hacia el centro en lo que respecta a sus políticas no quiere decir que lo hagan también en cuanto a sus formas. De hecho, cabe esperar precisamente lo contrario: conforme disminuyen las diferencias políticas de auténtico calado entre socialistas y populares, no les queda más remedio que enfatizar otros aspectos más superficiales (acusaciones de corrupción, carácter de los líderes, decisiones particulares que puedan considerarse erróneas o que al menos conllevan un claro coste político, etc.). De ahí que los niveles de crispación política no hayan hecho sino aumentar en los últimos años, precisamente conforme ambos partidos se movían ideológicamente hacia el centro. Pero es que, en segundo lugar, los dirigentes de ambos partidos son perfectamente conscientes de que no hay ningún partido de centro que pueda competir por el voto moderado, lo cual les deja la vía libre para lanzarse a una estrategia de tierra quemada en la que el voto claramente identificado con unas siglas se consolida en tanto que el voto moderado no tiene más remedio que decantarse por uno de los dos partidos mayoritarios o abstenerse. Sencillamente, la amenaza centrista o moderada no existe en los análisis electorales, lo cual redunda en una mayor polarización de las estrategias políticas y electorales (eso sí, solamente en lo que respecta al mensaje, que no al contenido mismo de las políticas que se proponen).

El arte de la negociación, según Fernado Abril Martorell.

Interesantes reflexiones de Fernando Abril Martorell recogidas en el libro:

Hay posiciones que es conveniente mantener cuando se mantienen y que, luego, hay que cederlas —meses más tarde— cuando el compromiso político lo requiere. Toda negociación entraña una búsqueda de aproximaciones, a la vista de las posiciones de los negociadores. Pero los negociadores no suelen ser plenipotenciarios, sino que negocian en calidad de representantes de unos colectivos a los que han de dar explicaciones y tiempo para incorporar los distintos elementos y términos de cada paso de la negociación.

(Chamorro: p. 109)

Sucede demasiado a menudo que olvidamos este pequeño detalle. Los negociadores son siempre representantes de intereses a menudo enfrentados, portavoces de unos colectivos sociales que no siempre han tenido el tiempo necesario de digerir y analizar las circunstancias, por no hablar de sopesar las posibles soluciones. La política real, al fin y al cabo, es siempre bastante imperfecta. No tiene nada que ver con las grandes construcciones ideológicas que algunos piensan. De hecho, en lo que respecta a la política, yo siempre prefiero primar a los valores sobre los esquemas ideológicos sólidos y predefinidos. Me parece que es la mejor forma de no abandonar el mundo de las ideas, pero evitando al mismo tiempo su demoledora tiranía.

La eterna necesidad de proceder a la reforma de la Administración Pública.

Leyendo Viaje al centro de UCD, me encuentro con unas reflexiones de Joaquín Garrigues Walker que bien pudieran aplicarse aún:

Sería muy difícil modificar los comportamientos de las instituciones públicas si no hay una profunda reforma de la Administración pública, y resulta difícil pensar que ésta se pueda hacer a corto plazo, ya sea por UCD o por cualquier otro partido. Y es difícil porque basta examinar la estructura y composición del Consejo de Ministros para darse cuenta de que si ésos tienen que reformar la Administración, la Administración va a tardar en ser reformada. Pero es que si esa reforma tiene que ser hecha por un partido como el PSOE, que teóricamente tiene voluntad reformista en ese sentido, nos encontramos con esa gran masa de funcionarios medios seguidores del PSOE, que se opondrán con rigor, y la reforma, igualmente, irá para largo.

(Chamorro: pp. 82-83)

Y es que la tan traída y llevada reforma de la Administración pública, como bien previera Garrigues Walker, ha ocupado a menudo el lugar central de las ambiciones reformistas de nuestros políticos, pero de momento casi todas las promesas han caído en saco roto. Digo "casi" porque algo se ha avanzado, la verdad. Tampoco hay que ser tan pesimista. Nuestra Administración se ha modernizado, se ha puesto al día, y en buena parte ha conseguido incluso profesionalizarse y abrirse a la sociedad gracias al uso de las oposiciones, por mucho que las denostemos. Cierto, queda aún mucho por hacer. El enchufismo sigue siendo un mal endémico en nuestra sociedad (por cierto, no solamente en la esfera pública, sino también en la empresa privada, todo hay que decirlo) y la Administración todavía requiere avanzar mucho para mejorar su eficiencia y productividad, en lugar de poner obstáculos constantes en la creación de riqueza por parte de nuestras empresas y sacar de quicio a nuestros conciudadanos cuando hayan de hacer sus gestiones.

El problema, claro, está en cómo llevar a cabo dichas reformas cuando, como acertadamente indicaba Garrigues Walker, la amplia mayoría de nuestros políticos son, precisamente, funcionarios. Este debe ser uno de los pocos países avanzados donde hasta la derecha se muestra orgullosa de contar con líderes y portavoces supuestamente muy capaces no por los problemas que hayan solucionado en el transcurso de su carrera política, ni tampoco por sus acertados análisis políticos, sociales o económicos, ni mucho menos por su demostrado éxito a la hora de crear una empresa de éxito, sino únicamente por haber pasado unas oposiciones a abogado del Estado con honores. Y es que la mentalidad del opositor está tan extendida entre nosotros que hasta quienes —se supone— han subrayar la importancia de la innovación y halagar el espíritu emprendedor se deshacen en elogios ante quienes simplemente demuestran la suficiente capacidad de memorización como para destacar en unas oposiciones. Vamos, que en un contexto en el que la mayor ilusión de cualquier madre es que su retoño acabe trabajando para la Administración pública y, una vez llegado ahí, se agarre con uñas y dientes a los derechos adquiridos, se hace bien difícil coger el toro por los cuernos y afrontar la siempre pospuesta reforma. Supongo que, tarde o temprano, alguien se atreverá a hacerla, pero uno ya puede imaginarse las huelgas y manifestaciones que paralizarán el país de punta a punta.

Centro como moderación.

El centro político nunca ha sido fácil de definir. Desde la izquierda se lo considera, a menudo, un mero trasunto del conservadurismo y la derecha, mientras que desde ésta se piensa que le hace el juego al progresismo. Al final, la mejor definición sea quizá no una que defienda su equidistancia de los dos polos —algo, por otro lado, realmente imposible—, sino su afirmación de la moderación en las formas:

La fórmula UCD, que estoy tratando de analizar, sólo se explica como sugerencia de un terreno de juego en el que, a tenor de los conflictos internos, lo único que se puede ofrecer al exterior del partido, como oferta electoral y como proyecto político de sociedad, es un emblema de moderación.

(Chamorro: p. 76)

En este sentido, tiene poco de sorprendente que los españoles decidieran apostar por la moderación (y, por consiguiente, por quienes mejor la representaban durante la transición, esto es, la UCD) en un intento de huir de un pasado reciente dominado por los radicalismos, la intolerancia y el maximalismo que dejaron tantos muertos sobre nuestra tierra. El mismo Chamorro lo deja bien claro en su libro:

Por lo que respecta al primer punto, a la articulación consensual hacia el exterior, UCD es un partido de engarce ideológico entre socialdemócratas, liberales y democristianos que se articularon como mejor fórmula de desenvolvimiento frente a la derecha tradicionaly franquista, por un lado, y la izquierda clásica, por el otro. Ese engarce ideológico se vio favorecido con la decisión mayoritaria -aunque relativa en términos parlamentarios- de voto de un electorado que si por algo estaba era por la normalización y por el deseo de que no se repitiera el viejo rictus histórico en el que las cosas se salieran de quicio y llegaran a más.

(Chamorro: p. 225)

Ahora bien, basar toda la identidad política de UCD en la moderación tuvo también su coste: conforme PSOE y AP fueron virando hacia el centro, le fueron achicando espacios. Si entendemos esto, y sumado a las propias divisiones internas de un partido aglutinado más en torno al poder que a cualquier programa o proyecto más o menos definido, no puede sorprendernos el destino fatal del partido tras las elecciones de 1982. Sencillamente, desaparecido el aglutinante fundamental (esto es, el poder), UCD dejó de tener una razón para existir. Los elementos socialdemócratas se marcharon al PSOE, los democristianos al PP y los liberales al CDS.

La transición y el Estado de las Autonomías: ¿un proyecto cerrado en falso?

Mucho se ha estado escribiendo últimamente sobre la transición a la democracia y sus errores y limitaciones. Fundamentalmente desde la izquierda del espectro político, se ha ido subiendo algo el volumen en las críticas contra todo el proceso, subrayando las concesiones que se tuvieron que hacer a la derecha más reaccionaria para garantizar unas libertades democráticas que en otros lugares se consideraban lógicas desde hacía décadas. En lo que respecta a la transición, yo lo tengo bien claro: si el precio a pagar para construir un sistema democrático sólido por primera vez nuestra historia, obtener la legalización de todos los partidos políticos y conceder la amnistía a quienes se enfrentaron valientemente contra la dictadura franquista era aceptar la Monarquía sin pasar antes por un referéndum y renunciar a juzgar a quienes lideraron la feroz represión de la Dictadura, me parece que se hizo bien. Cada uno puede tener las preferencias personales que sea con respecto a lo que pueda considerarse la mejor forma política del Estado —yo, personalmente, prefiero la forma republicana, pero no tengo problema alguno en aceptar la monarquía "de forma accidental", tal y como dijeran las derechas con respecto a la Segunda República—, pero de lo que no cabe duda alguna es de que para la amplia mayoría de españoles el tema no es prioritario en estos momentos. Cierto, no hay tradición monárquica y la gente siente más respeto por el Rey Juan Carlos en particular que por la institución en sí, pero la verdad es que son bien pocos quienes consideran este asunto como altamente prioritario en estos momentos.

Lo mismo cabe decir, me parece, de los verdugos de la represión franquista. La amplia mayoría de españoles tiene bien asumido que el franquismo fue una dictadura de corte claramente fascista durante su primer fase, para después pasar a convertirse en un régimen autoritario conservador y tradicionalista con un evidente apoyo de la Iglesia. Dudo mucho que haya más de un 15% ó 20% de españoles que no estén dispuestos a aceptarlo. Sin embargo, no nos queda más remedio que reconocer desde la izquierda, que ni todos los que combatieron del lado de Franco durante la Guerra Civil fueron fascistas confesos ni todo el que combatió por defender a la República fue un "luchador por la democracia y la libertad", como algunos se empeñan en afirmar. Una vez más, tengo bien claro por qué bando hubiera me hubiera decantado yo personalmente si me hubiera tocado vivir aquellos fatídicos años. No obstante, ello no quita para que deje de reconocer que en muchos casos fue la mera casualidad la que decantó a los individuos para que tomaran las armas en favor de uno u otro bando. Además, no hay forma de negar los excesos que se cometieron en el lado republicano, ni tampoco la inspiración totalitaria de alimentaban muchos, sobre todo quienes se identificaban con el PCE. Las cosas son como son. Es verdad, si las potencias democráticas hubieran salido en defensa de la República desde el inicio del conflicto, es bien probable que la democracia liberal representativa hubiers vencido en el campo de batalla, pero eso nunca sucedió debido al temor a iniciar una nueva y cruenta guerra en suelo europeo. Sea como fuere, es innegable que a partir de 1937 es la Unión Soviética de Stalin y sus agentes del Comintern quienes toman la iniciativa en el bando republicano. Las cosas son como son, y no como nos gustara que hubieran sido. ¿Que quienes perdieron la guerra también tienen derecho a enterrar a sus muertos? Sin lugar a dudas. ¿Que no podemos permitir que se honre únicamente a uno de los bandos que se enfrentaron en aquella guerra fratricida? De acuerdo. Pero no saquemos los pies del tiesto. No pasemos de ahí a reivindicar el derecho a la revancha.

Pero hay un elemento más de aquella transición que sigue teniendo tanta actualidad treinta años después como la tuvo en aquellos momentos. Se trata del proceso de descentralización administrativa y la construcción del llamado Estado de las Autonomías. Como recuerda Chamorro, las manifestaciones en favor de la democracia que se sucedieron en aquella época reivindicavan tres cosas, fundamentalmente:

Los momentos de la transición en que con mayor encono se enfrentaron los partidarios de la reforma con los de la ruptura se habían visto jalonados por los gritos en la calle de "Libertad, amnistía y estatuto de autonomía". Lo de libertad y amnistía estuvo siempre muy claro para los gobernantes y para los gobernados, para los políticos y para el electorado. Pero no así lo del estatuto de autonomía.

(Chamorro: p. 42)

Pues bien, de las tres reivindicaciones —libertad, amnistía y estatuto de autonomía—, la última es la que no se llevó finalmente a cabo hasta mediados los años ochenta y, en cierto modo, podemos aún considerar abierta. Para empezar, nadie tenía en mente durante la transición proceder a la descentralización administrativa en todo el Estado. Lo que se esperaba más bien era que solamente ciertas regiones y nacionalidades —fundamentalmente las mismas que ya lograron un cierto grado de autonomía durante las Segunda República o que estaban en proceso de conseguirla en aquél entonces, es decir, Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía— gozaran de una cierta transferencia de poderes bastante limitada. Ya sabemos que, después, por razones de estrategia política y de lo que entonces pasó a denominarse agravio comparativo, la cosa se fue un poco de las manos y acabamos con diecisiete autonomías. Pero es que, en segundo lugar, nadie esperaba que el nivel de descentralización llegara a tal punto que se difuminaran las diferencias entre nuestro Estado de las Autonomías y un Estado federal. Como decía, si acaso se esperaba concederles a los gobiernos autonómicos unas competencias muy claramente delimitadas, algo parecido a lo que se hiciera durante la República. Por consiguiente, resulta que, al menos en este aspecto, la Constitución de 1978 sobrepasa con creces lo que estableciera la de 1931, por más que tanto izquierdista de pacotilla —que seguramente no se haya leído jamás el documento constitucional de la Segunda República— asuma lo contrario. Por si todo esto fuera poco, resulta también que la Constitución de 1978 deja el proyecto autonómico completamente abierto: ni contiene un listado completo de cuáles puedan ser las distintas autonomías, ni tampoco estipula claramente el reparto de competencias. Esto, que para algunos es un defecto que no hace sino generar confusión, para mí es de hecho un aspecto positivo, pues proporciona a nuestra Carta Magna una flexibilidad que no tendría de otra forma. De hecho, me parece que el mayor acierto de quienes se encargaron de la redacción del documento constitucional de 1978 fue precisamente el saber combinar la definición de unos principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico claramente establecidos con un amplio margen de maniobra para su flexibilidad que permite las fleibilidad suficiente en su interpretación como para permitir el pluralismo político. A otros, esto les parecerá el máximo ejemplo de inseguridad y confusión en los principios, pero a mí, por el contrario, me parece muestra de una enorme sabiduría.

Viaje al centro de UCD.

Un libro a caballo entre el análisis político y el reportaje histórico donde se nos habla de los orígenes de UCD, el papel fundamental que desempeñó durante la transición a la democracia y las constantes divisiones internas como consecuencia del enfrentamiento entre familias. Finaliza con información (muy breve, eso sí) sobre la dimisión de Adolfo Suárez y el II Congreso del partido.

Descripción técnica:
Título: Viaje al centro de UCD.
Autor: Eduardo Chamorro.
Editorial: Planeta
Edición: primera edición, Barcelona (España), junio de 1981.
Páginas: 326, incluyendo índices.
ISBN: 84-320-3589-0